Contracara de la gratuidad

Por Hernán Cheyre:

Bastante se ha escrito sobre los efectos esperados de la política de gratuidad universitaria, y bastante más se seguirá escribiendo en el transcurso de la discusión del proyecto de ley de educación superior.

Un aspecto que no ha recibido la debida atención en el debate es el impacto que el mecanismo de financiamiento propuesto va a tener en las actividades de investigación que realizan las universidades. Además de los programas y fondos públicos disponibles, es un hecho que las casas de estudios que tienen un compromiso real con la investigación no limitan sus actividades en este ámbito a dichos recursos fiscales, sino que suplementan lo anterior por otras vías, y parte de ello proviene de lo que se recauda a través de las matrículas. Carreras de calidad no son sólo ‘tiza y pizarrón, sino que también la infraestructura y la investigación que las complementa. Por tanto, en la medida que los aranceles de referencia que se van a utilizar para la gratuidad estén por debajo de los valores que efectivamente se han estado cobrando, resulta obvio que una parte del ajuste va a tener que provenir de actividades de investigación o de inversión en infraestructura que deberán ser sacrificadas. Y esto es válido tanto para universidades que reciben actualmente aporte fiscal directo como para las que no acceden a ese beneficio. De hecho, de acuerdo al proyecto presentado, las universidades no estatales dejarán de recibir aportes basales, y sólo podrán acceder a fondos concursables para investigación aquellas instituciones que se incorporen al mecanismo de gratuidad. Las otras universidades privadas quedarán fuera de los sistemas públicos de financiamiento para la investigación, y el impacto puede ser significativo.

Ante este cuadro, cabe preguntarse cuáles han sido las instituciones más dinámicas en cuanto a generación de trabajos académicos de calidad. Tomando como referencia las publicaciones indexadas WOS en el año 2015, de un total de casi 11 mil publicaciones producidas por las universidades chilenas, un 40% del total correspondió a instituciones estatales, las no estatales pertenecientes al Cruch sumaron el 41% del total, y las privadas no Cruch contribuyeron con el 19%. Cabe tener presente que en el año 2005 las publicaciones WOS generadas por éstas últimas sólo llegaban al 4% del total. Es decir, mientras en la última década las publicaciones generadas por universidades del Cruch crecieron en 2,7 veces, las producidas por las entidades no Cruch lo hicieron en 15,9 veces, exhibiendo gran dinamismo.

Hay consenso en que los desafíos que enfrenta Chile en cuanto a productividad requieren fortalecer el compromiso de recursos con la investigación y desarrollo (I+D). La proporción sobre el PIB que Chile destina con este propósito no sobrepasa el 0,4%, en circunstancias de que el promedio de los países de la OCDE se ubica en torno al 2,2%. El país debe, a lo menos, colocarse como meta llegar al 1% en el próximo quinquenio. Y en esta cruzada deben participar todas las instituciones que contribuyen a la investigación universitaria. Lamentablemente, las disposiciones relativas al financiamiento de las universidades contenidas en el proyecto son factores que van a jugar en contra de este objetivo, y las más afectadas van a ser las universidades privadas sin acceso a recursos públicos, que son precisamente las que han exhibido un mayor dinamismo en materia de investigación.

Si se van a establecer fondos concursables, ¿qué sentido tiene el no permitir que académicos de universidades privadas no Cruch puedan participar en los concursos? ¿Acaso no es el mérito de los proyectos lo que debería prevalecer como criterio fundamental? Este tipo de preguntas ameritan una discusión profunda durante la tramitación del proyecto, sin anteojeras ideológicas.

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