Por Cristián Larroulet:
Finalmente el Gobierno ha enviado al Congreso el proyecto de Ley de Educación Superior(ES). La demora había producido una enorme incertidumbre que alentó marchas y tomas de algunas universidades y un debate caracterizado por una cierta violencia verbal con epítetos no precisamente universitarios.
Gran responsable de ello es la promesa de gratuidad universal de la ES que tiene un costo incremental de alrededor de 5.000 millones de dólares, para cuyo financiamiento se hizo una reforma tributaria que iba a generar alrededor de US$ 6.000 millones adicionales que se destinarían preferentemente a las reformas educacionales. Sin embargo, producto de la caída en el crecimiento de la economía, al 2018 los menores ingresos fiscales serán cerca de US$ 12.000 millones. Además las leyes educacionales ya aprobadas y en tramitación comprometen recursos por US$ 3.800 millones. Es decir, no hay recursos.
Por ello gran parte del debate sobre el futuro de la ES ha girado en torno a cuántos recursos deberían recibir tales o cuales universidades, en lugar de cuáles son las formas en que las universidades pueden contribuir más y mejor al desarrollo país. Si se desea fortalecer a la educación como bien público corresponde hacerlo en la educación que entregan tanto universidades estatales como privadas. Por ejemplo, la sociedad valora la inclusión y por lo tanto no corresponde excluir a las universidades privadas ya que éstas, tanto tradicionales como nuevas, acogen a más del 68% de los estudiantes provenientes de la educación municipal. Y si nos fijamos en otro gran aporte público de las universidades, como es la investigación científica, también debe reconocerse que ella se encuentra preeminentemente presente en las universidades privadas, tanto tradicionales como nuevas, que producen alrededor del 60% de las investigaciones de mayor calidad publicadas en el mundo.
Otro elemento importante, que debe ser parte del estudio legislativo del proyecto de ley, tiene relación con el costo social que tendría la aprobación de la norma que otorga gratuidad a los deciles de los ingresos sexto al décimo. Me refiero a la postergación de importantes necesidades de prestaciones sociales como, por ejemplo, las becas de mantención, textos y otros, que debieran recibir los estudiantes de ES pertenecientes al 40% más vulnerable. Para dimensionar la magnitud de esta inequidad basta con señalar que el ingreso per cápita de los hogares universitarios de los tres deciles de mayores ingresos es 10 veces superior al de los tres deciles más pobres.
También será postergada la educación preescolar, donde tenemos un grave problema de cobertura pues menos de la mitad de los niños la reciben, existiendo además un déficit de calidad. Pero eso no es todo, están las más de 10.000 camas deficitarias en Salud y la urgente necesidad de recursos para enfrentar la reforma al Sename.
En suma, el Congreso tiene hoy una gran oportunidad de abrir espacio a un debate profundo y serio que demuestre que la meta de gratuidad universal en ES no sólo es imposible de financiar sino que además es profundamente injusta.
