Por Hernán Cheyre
Domingo 29 de diciembre
Diario El Sur
Las indicaciones ingresadas la semana pasada por el Gobierno al proyecto de reforma tributaria marcan el inicio de la última fase de su tramitación legislativa. Cabe recordar que la iniciativa original tenía el objetivo de “modernizar” el régimen impositivo, eliminando distorsiones que habían sido introducidas en la reforma de 2014, e incorporando nuevas materias como la boleta electrónica e impuestos a las plataformas digitales, entre otros. El elemento que se identificó como el “corazón de la reforma” era la vuelta a un sistema plenamente integrado entre la tributación a nivel de empresas y personas, de manera que los socios y accionistas en su declaración individual pudieran utilizar como crédito tributario el 100% del impuesto de primera categoría que la empresa en la que tuvieran participación ya había pagado, en lo relativo a los retiros efectuados o dividendos recibidos, eliminando la “sobre-tasa” del 9,45% que deben soportar los socios o accionistas bajo un régimen semintegrado, lo cual viola el principio básico de la “equidad horizontal”. La discusión política del proyecto solo permitió aprobar esto para los socios de pymes cuyas ventas no excedan de 75.000 UF anuales, lo cual sin duda es positivo para las empresas de menor tamaño, en general, pero a la vez incorpora un elemento de desincentivo a su expansión, ya que cruzar ese umbral va a tener un costo tributario significativo.
Pero sin duda el principal giro fue la incorporación de nuevos tributos, con el objetivo central de aumentar la recaudación. Se estima que, en régimen, la recaudación adicional obtenida sería de US$ 2.200 millones anuales. Esta mayor recaudación se considera necesaria para financiar los nuevos gastos que se están aprobando, pero el que se logre alcanzarla va a depender a fin de cuentas de cómo evolucione el crecimiento de la economía. Esta variable es clave, y es por ello que se debe ser muy cuidadoso con las propuestas que circulan para estudiar una nueva reforma tributaria en el corto plazo, ya que en la situación actual el aparato productivo está extremadamente debilitado, y una nueva alza de impuestos podría tener un efecto letal. Antes de avanzar en esta línea, los esfuerzos deberían centrarse en lograr una reasignación de gastos desde programas públicos vial evaluados y en un rediseño del aparato estatal, cuyo chasis ya no es el que Chile necesita. Para esto también se requiere un acuerdo político transversal.
Sin duda el principal giro fue la incorporación de nuevos tributos para elevar la recaudación. Así la recaudación adicional sería de US$ 2.200 millones/año
