Matías Acevedo
Investigador asociado CIES UDD
El Mercurio
Viernes 27 de septiembre 2024

Corremos una vez más el riesgo, tal como ocurrió en la reforma tributaria del 2014, de que sean los sectores más vulnerables los que terminen pagando los ajustes futuros al gasto público, por aquellos ingresos permanentes que se proyectaron, pero nunca llegaron.

La aprobación del proyecto de cumplimiento tributario permitirá al Ejecutivo incluir ingresos adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos 2025 por cerca de US$ 1.200 millones. Las estimaciones de mayores ingresos del Ministerio de Hacienda indican que el 40% de esta mayor recaudación el primer año proviene de una medida transitoria, la repatriación de capitales.

La ley otorga a los contribuyentes una ventana de un año para reconocer capitales no declarados en Chile, con la contrapartida de aplicarles un impuesto único y sustitutivo de 12%. Esta medida fue implementada en la reforma tributaria del 2014 y recaudó el año tributario siguiente (2015) cerca de 0,6 puntos del PIB. Se trató de una de las pocas medidas que contribuyeron a mayores ingresos de esa reforma.

El resto de la recaudación seguimos esperándola. El problema es que los gastos llegaron vertiginosamente.

La composición de la mayor recaudación esperada durante el primer año permite dar algo más de certeza que una parte de estos ingresos tienen menos incertidumbre de recaudarse. Pero con la precaución de que, a lo sumo, se deberían comprometer gastos permanentes por el 60% de la recaudación, ya que el resto corresponde a ingresos por una vez.

Sin embargo, esta nueva ley tiene un desafío mayor, que es alcanzar una recaudación permanente de US$ 5.300 millones (1,5 puntos del PIB), en un período de cuatro años.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló, en el informe de asistencia técnica realizado para el Ministerio de Hacienda (“Tax Reform Scenarios in International Perspective”, 2023), que en base a su vasta experiencia en otros países, es raro observar qué medidas administrativas como las planteadas en este proyecto puedan recaudar más de 0,5 puntos del PIB (pág. 12, numeral 20). Subrayó que es particularmente difícil medir el rendimiento de cada una de las medidas para fortalecer el cumplimiento tributario. Y posteriormente agregó que, para asegurar la sostenibilidad fiscal, se debe comprometer el gasto permanente contra una mayor recaudación efectiva de este proyecto de ley y no la estimada por el Ministerio de Hacienda.

Nuestra estrecha situación nos obliga a actuar con prudencia ante esta incierta recaudación fiscal que podría ser un tercio de lo estimado por el Ejecutivo. Por esta razón, sería particularmente valioso conocer la opinión del Consejo Fiscal Autónomo sobre el llamado a la prudencia que hace el FMI en el compromiso de gastos permanentes con estos ingresos.

De lo contrario, corremos una vez más el riesgo, tal como ocurrió en la reforma tributaria del 2014, de que sean los sectores más vulnerables —aquellos que paradójicamente se busca beneficiar— los que terminen pagando los ajustes futuros al gasto público, por aquellos ingresos permanentes que se proyectaron, pero nunca llegaron.