El Gobierno ha insistido en su proyecto de ley para crear un nuevo sistema de Financiamiento a la Educación Superior (FES). La ideología al parecer, impide reconocer el enorme daño que la iniciativa produce y lo simple que sería separar el proyecto de ley, eliminando el componente FES y reformando el sistema CAE estableciendo un sistema nuevo de crédito contingente al ingreso, que tenga una nueva institucionalidad de cobranza sin Bancos y condiciones financieras más razonables. La esperanza es que el Ministro Cataldo valoró esta parte de la iniciativa.
1-Impacto en la calidad. Se reduce el aporte de las familias al financiamiento de la educación al limitar los mecanismos de copago en la educación superior. La reducción de recursos a las universidades será significativa, afectando con ello la calidad de sus servicios y la producción de conocimiento, aspecto clave para el progreso, especialmente hoy con el desafío de la Inteligencia Artificial.
Esto es grave ya que el sistema universitario chileno gracias a la competencia, la autonomía, los mecanismos de aseguramiento de la calidad, la coexistencia de instituciones públicas y privadas, entre otros, ha mejorado su aporte al país significativamente. Basta constatar que hoy nuestro sistema universitario es líder en Latinoamérica en producción de conocimiento. En la actualidad Chile genera alrededor de un 34% de los papers per cápita de Estados Unidos, lo que es el doble de Argentina y el triple de México.
Mas aún, producto de la evolución y madurez de nuestro sistema, hoy existe un aumento significativo de profesores e investigadores full time. Así es como, entre 2007 y el presente, el porcentaje de personal full time dedicado a I+D pasó desde un 45 % a un 60% en relación al personal total en esa actividad. Para continuar en esa tendencia, sin duda el proyecto FES es una gran amenaza.
2-Se crea un nuevo impuesto, al establecer que la retribución del estudiante se debe concretar pagando tras completar sus estudios. Es decir, no es un crédito sino más bien un financiamiento de la gratuidad durante sus estudios con pago de impuestos futuros. En este aspecto no se hace ningún cuidado de la heterogeneidad de carreras: el impuesto puede llegar a ser del 8% y dura, aproximadamente, 4 veces la cantidad de tiempo que se ocupó en estudiar.
Hay estudios que indican que un porcentaje significativo de los graduados pagarían entre 1,5 y 5 veces los recursos recibidos. No se previene que el impuesto pagado exceda el costo de la carrera. Esto contrasta con el CAE donde actualmente se paga hasta 10% del ingreso por el total de la deuda contraída.
Además, desalienta el trabajo de los profesionales nacionales, promueve la informalidad y discrimina en favor de los extranjeros. No olvidemos que el impuesto al trabajo de aquellos con capital humano avanzado pasaría, producto de esta y otras reformas, desde aproximadamente el 20% actual a 34%.
Son tales los problemas de justicia tributaria y de falta de buena política pública que la propuesta posee, que no hay duda que el sesgo ideológico está impidiendo una solución razonable.
3-Amenaza a la autonomía universitaria. La eliminación del copago, sumado al financiamiento sólo del arancel de referencia plantea un dilema en la relación de las universidades con el Estado. Las casas de estudio serán ahora mucho más dependientes de la autoridad política para poder solventarse financieramente. Esto es una amenaza para la autonomía universitaria y la investigación. Para un país como Chile que lleva casi 20 años con un gasto en I+D estancado en el 0,35% del PIB (muy por debajo del promedio de 3% en la OCDE) esto es un obstáculo adicional.
Téngase en consideración que, además, las instituciones de educación superior son una parte fundamental de dicho gasto. Pero eso no es todo, se calcula que el Estado fijará alrededor de 5 000 valores y tendrá control de los cupos en las carreras. Lo que ocurre hoy en Estados Unidos, en el conflicto entre el Presidente Trump y destacadas universidades de ese país, ilustra el riesgo al que me refiero. La autonomía universitaria está en peligro.
4-Daño a Finanzas Publicas. En efecto, el FES, como lo ha planteado el Consejo Fiscal Autónomo y diversos expertos, de todos los colores políticos, tanto en la Cámara de Diputados como en los medios de comunicación, produce un riesgo aun mayor a las ya deterioradas cuentas fiscales. Hay que tener presente que, con la propuesta, el financiamiento de la Educación Superior pasa a ser de principal responsabilidad del Fisco. Es un sistema, por lo tanto, de enorme riesgo para la estabilidad del sistema universitario.
Recordemos que ya hoy existen dificultades graves en ciertas instituciones asociadas a la gratuidad y que esta obliga al Estado a financiar hoy prácticamente la mitad de la docencia. ¿Cómo será cuando sean todas las instituciones y sobre todo con los incentivos perversos al pago que el FES posee? ¿Cómo será la dinámica política-estudiantil en una crisis que obligue al Fisco a contraer su gasto y con ello no poder cumplir con sus compromisos con la Educación Superior?
La responsabilidad del Ministerio de Hacienda en esta reforma es inmensa, especialmente dada la estrechez fiscal actual. Esta realidad es un argumento más que suficiente para dividir el proyecto, avanzando en el crédito y olvidando el FES.
