La investigación, publicada en Annals of Tourism Research, estimó por primera vez que las pérdidas de bienestar asociadas a la erosión costera y al cierre temporal de playas por marejadas y eventos extremos en Chile, podría ascender a más de US$60 millones anuales.
Con más de 6.400 kilómetros de litoral, Chile depende de sus playas para sostener una actividad económica que aporta cerca del 3,5% del PIB nacional y genera alrededor de 620.000 empleos formales. Sin embargo, la pérdida de arena y los cierres temporales provocados por eventos climáticos extremos amenazan tanto el bienestar de millones de visitantes como la economía de numerosas comunidades que viven del turismo.
Frente a este escenario, investigadores del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS), entre ellos los académicos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo Felipe Vásquez y Roberto Ponce, se propusieron responder una pregunta clave: ¿cuánto valoran económicamente los chilenos sus playas?
La respuesta quedó plasmada en un estudio publicado recientemente en la revista científica Annals of Tourism Research, que estimó por primera vez las pérdidas de bienestar asociadas a la erosión costera y al cierre temporal de playas producto de marejadas y eventos extremos. Los resultados indican que, si la frecuencia de estos fenómenos aumenta durante las próximas décadas, Chile podría llegar a perder hasta US$60 millones al año hacia fines de siglo.
La erosión costera es el proceso mediante el cual el aumento del nivel del mar, el fuerte oleaje y las inundaciones desgastan o arrastran rocas, suelos y arena a lo largo de la costa. Sus efectos no solo impactan los ecosistemas costeros y la infraestructura ubicada en el borde costero, sino que también pueden afectar significativamente la actividad turística y el desarrollo local.
Para desarrollar la investigación, el equipo integrado por especialistas de SECOS, la Universidad del Desarrollo, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Católica de Temuco, analizó las decisiones de viaje de turistas de la Región Metropolitana que visitan los principales balnearios de la zona central del país.
El estudio se centró en las diez playas más visitadas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins, con el objetivo de estimar el valor económico que las personas asignan a distintos atributos de estos espacios, como el ancho de la playa, la presencia de dunas y las condiciones de acceso.
Los resultados mostraron que el espacio disponible en la orilla tiene un efecto directo sobre la experiencia recreativa de los visitantes. Según las estimaciones, los turistas están dispuestos a pagar $868 por cada metro adicional de ancho de playa.
Asimismo, el estudio evidenció una alta valoración por la conservación de las dunas costeras. Los participantes manifestaron una disposición a pagar de hasta US$29,40 por viaje para proteger estos ecosistemas, que cumplen un papel fundamental como barreras naturales frente a las marejadas, ayudan a retener sedimentos y contribuyen a mantener la biodiversidad de las playas.
La relevancia de este hallazgo cobra especial importancia considerando que diversos eventos de erosión de dunas ya han provocado daños en infraestructura costera de la zona central de Chile.
“Las personas no valoran la playa como un bien abstracto. Valoran los atributos específicos que les permiten disfrutarla, como el espacio para caminar, descansar, sentirse cómodas”, explica Felipe Vásquez, investigador de SECOS, académico y director de Investigación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y uno de los autores del estudio.
Por su parte, Roberto Ponce, investigador SECOS, académico y director del Centro de Sostenibilidad Empresarial de la FEN UDD y también autor del artículo, destacó la importancia de reconocer el aporte de estos ecosistemas para el turismo y el bienestar de las personas.
“En Chile, muchas veces las dunas han sido vistas como terrenos disponibles para urbanización o infraestructura. El estudio muestra lo contrario: conservarlas genera bienestar para las personas y puede fortalecer el atractivo turístico de los destinos”, señala.
A partir de los datos obtenidos, la investigación también cuantificó el impacto económico asociado a los cierres temporales de playas provocados por marejadas u otras condiciones climáticas adversas.
Las estimaciones muestran que un solo día de clausura de un balneario genera pérdidas de bienestar equivalentes a $374,39 millones en la Región de Coquimbo, $352,24 millones en Valparaíso y $289,07 millones en O’Higgins.
Actualmente, la zona central registra cerca de 70 cierres de playas al año debido a condiciones climáticas desfavorables. Sin embargo, algunos modelos climáticos proyectan que la frecuencia de estos eventos podría duplicarse hacia el año 2100.
De concretarse ese escenario, las pérdidas anuales de bienestar turístico podrían alcanzar los US$60,32 millones.
“Desde la economía ambiental, el principal problema es que los impactos del cambio climático tienden a crecer en el tiempo y se vuelven más caros de enfrentar cuando se postergan las decisiones”, advierte Ponce.
“La inacción no es gratis. Si no se invierte hoy en protección, restauración y planificación costera, el país podría terminar pagando mucho más en el futuro, tanto por daños evitables como por pérdida de oportunidades económicas”, añade.
Los investigadores sostienen que la pérdida de arena y la suspensión de actividades en el litoral han sido abordadas históricamente desde una perspectiva principalmente ambiental. Sin embargo, este estudio incorpora una dimensión económica que permite visibilizar sus efectos sobre el bienestar de las personas y el desarrollo de los territorios.
“Cuando una playa se erosiona o se cierra, no solo perdemos paisaje o biodiversidad, sino también bienestar humano. Muchas veces estos daños quedan invisibilizados porque no tienen un mercado bien definido, pero eso no significa que no tengan valor económico”, plantea Vásquez.
En la misma línea, Ponce señala que la cuantificación de estos impactos permite fortalecer la toma de decisiones públicas.“Poner cifras permite mostrar que conservar las playas no es solo una preocupación ecológica, sino también una decisión de desarrollo. Esto nos permite comparar los beneficios de actuar con los costos de implementar medidas de adaptación”, afirma.
Otro de los hallazgos del estudio muestra que los turistas reaccionan negativamente frente a la infraestructura costera visible, como sistemas de drenaje o intervenciones de ingeniería dura, entre ellas muros de hormigón y enrocados.
Según los investigadores, este resultado plantea un desafío importante para las ciudades costeras, que necesitan avanzar en estrategias de adaptación al cambio climático sin afectar los atributos que hacen atractivos estos destinos.
“No cualquier adaptación es valorada por las personas. Si las obras son muy visibles o mal integradas, pueden reducir el atractivo de la playa. La planificación debe integrar criterios técnicos, económicos y paisajísticos. Las intervenciones deben diseñarse de manera cuidadosa, con bajo impacto visual y participación de las comunidades”, sostiene Ponce.
A partir de estos resultados, el estudio propone considerar las playas como infraestructura natural estratégica para el país. Más allá de su valor ecológico, los autores plantean que estos espacios cumplen un rol fundamental en la protección del empleo, el desarrollo de los destinos turísticos y la preparación de las comunidades frente a los efectos de la crisis climática.
“La adaptación debe anticiparse. No se puede esperar a que las playas pierdan ancho o se cierren con mayor frecuencia para recién actuar. Se requieren planes de adaptación costera con información científica, indicadores de riesgo y criterios claros para decidir cuándo restaurar, limitar usos o relocalizar infraestructura”, concluye Ponce.
