Por Hernán Cheyre
En el marco del proceso de desaceleración que afecta a la economía chilena, los esfuerzos del gobierno se han centrado en entregar el mensaje de un férreo compromiso con la reactivación el que tiene su manifestación más directa en la presentación de un proyecto de ley de presupuesto para 2015 notoriamente expansivo, con énfasis en la inversión pública y en la asignación de un importante volumen de recursos a varias de las iniciativas que conforman la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento.
No obstante, la buena intención de esta estrategia gubernamental, no es este el tipo de señales que permitirá cambiar el entorno vigente. En un ambiente caracterizado por el predominio de una sensación de incertidumbre, para generar un punto de inflexión, no basta con impulsar un conjunto de programas públicos focalizados en el emprendimiento y la innovación, ya que los temores no radican en la falta de recursos. El problema va mucho más allá.
Lo que los emprendedores necesitan es un entorno amigable con la intención de poder agregar valor en aquellas áreas en las que se vislumbra una oportunidad de negocio. Y en este sentido es fundamental que el Estado se preocupe de generar condiciones de competencia que permita a los nuevos entrantes poder «desafiar» a los actores tradicionales en las distintas industrias, y en esta línea hay una larga lista de cosas por hacer. Pero, a ojos de un emprendedor, lo más elemental es percibir que su labor tiene reconocimiento social, y ello parte por contar con un ordenamiento institucional que valorice y legitime la generación de riqueza a partir del emprendimiento y la Innovación. Este principio básico, que hasta no hace mucho se daba por sentado, se está viendo cuestionado. Lo que en un comienzo pareció una discusión acotada al tema de la educación, rápidamente comenzó a traspasar las fronteras hacia las áreas más aledañas (salud, previsión), y el debate en forma paulatina comienza a extenderse hacia otros ámbitos. Y el tema no se resuelve zanjando dónde y cuándo hay espacio para que un emprendedor pueda desarrollar actividades con el afán de obtener ganancias, y cuáles son las áreas reservadas al Estado, construyéndose una especie de Muro de Berlín que separe ambos mundos. Ese Muro ya cayó, y precisamente este año se conmemora el aniversario número 25 de ese acontecimiento. Si hay algo que nos enseña la historia es que lo que no hay que hacer es volver a levantar barreras que creen compartimientos estancos, que separen radicalmente dos visiones. El desafío en esta coyuntura es construir las condiciones que permitan fortalecer la libertad de emprender como el motor del desarrollo en todas las áreas radicando en el Estado las labores de regulación, fiscalización y control, que no pueden ser realizadas por agentes privados. Sin esta definición, la fuerza del emprendimiento paulatinamente comenzará a diluirse, y Chile perderá nuevamente la oportunidad de dar el salto que le permitirá cruzar el umbral del desarrollo derrotando la pobreza y creando una sociedad con más y mejores oportunidades para todos.
