Por Hernán Cheyre

El malestar ciudadano provocado por las fallas operativas que ha venido experimentando el metro de Santiago ha tenido coletazos políticos evidentes. Lo ocurrido debiera motivarnos a levantar la mirada, a cuestionarnos las causas de fondo que permiten que algo así ocurra, y a buscar fórmulas que permitan mejorar la manera en que son administradas las empresas públicas.

La empresa Metro S.A. es administrada por un directorio nombrado por el Sistema de Empresas Públicas (SEP), organismo cuyo sustento institucional es bastante débil -en el andamiaje del aparto público opera solamente como un comité Corfo-, y que en la práctica responde a los intereses del gobierno de turno. Es en este contexto que, luego de asumir el actual Gobierno, el Consejo del SEP -que había sido renovado en su totalidad-, optó por remover también a todos los directores de Metro S.A., nombrando a personas sin mayor experiencia previa ni en la empresa ni en el tema. Este nuevo directorio  decidió remover al gerente general que había sido nombrado por la administración anterior, lo cual dio origen a un proceso de búsqueda de un sucesor que tardó varios meses. Luego de producirse la gran paralización hace algunas semanas, el presidente del directorio presentó su renuncia -o se la solicitaron, no es claro-, pero todo esto no ocurrió entre el afectado y el Consejo del SEP, que fue la instancia que lo nombró director, sino que directamente con la Presidenta de la República. A su vez, la Presidenta nombró de inmediato un sucesor en el cargo, saltándose al Consejo del SEP, órgano cuyo propósito fundamental es precisamente designar a los directores de las empresas públicas que caen bajo su ámbito, y que ante esta situación quedó absolutamente desacreditado.

La secuencia descrita constituye una muestra elocuente de lo feble que es la institucionalidad bajo la cual se gobiernan las empresas públicas de Chile. Consciente de esta debilidad latente, en agosto de 2013 el Presidente Piñera envió a trámite legislativo un proyecto de ley que introduce un perfeccionamiento a los gobiernos corporativos de las empresas públicas, y específicamente en lo referido al funcionamiento del SEP. La propuesta se hace cargo de los problemas que se generan cuando una misma parte es a la vez controlador y regulador de una empresa, incorporando las mejores prácticas internacionales sobre la materia. En particular, el proyecto propone radicar la función de seguimiento y control de la gestión de las empresas públicas, así como del nombramiento de sus directores, en un organismo profesional (Consejo Superior de Empresas Públicas), integrado por nueve miembros, de los cuales 5 serían nombrados directamente por el o la Presidente de la República, y los cuatro restantes, en calidad de independientes, requerirían de la aprobación del Senado. El objetivo buscado es mejorar la calidad de la gestión de las empresas públicas y de evitar los conflictos de interés que se generan con el Gobierno. Como toda iniciativa de este tipo, el proyecto puede ser mejorado en las instancias legislativas correspondientes. Lo que no se puede postergar es la discusión seria del tema. La Presidenta Bachelet tiene una oportunidad inmejorable para abordar el problema desde su raíz, tomando como referencia el proyecto de ley que envió el Gobierno anterior. Ojalá no desaproveche esta oportunidad.