Por Cristián Larroulet:

En los últimos días se ha vuelto a plantear con más intensidad el tema de la nueva Constitución, especialmente respecto de la supuesta necesidad de reformar instituciones fundamentales como lo es el derecho de propiedad. Así lo han planteado ministros de Estado y abogados constitucionalistas pertenecientes a la coalición de Gobierno. Algunos han propuesto modificar ese derecho para asimilarlo a las constituciones europeas señalando que la reforma debe considerar «que la propiedad obliga no sólo a la economía, sino también al desarrollo y la equidad». En otras palabras, se estaría cuestionando la contribución de la Constitución vigente al desarrollo social y a la justicia en el país. Incluso esos críticos valoran más a la Constitución del 25, porque ella relevaría de mejor manera la función social del derecho de propiedad que la Constitución vigente. Para colaborar a esta discusión es útil comparar a la Constitución del 25 en su plena vigencia democrática con la Constitución actual desde la perspectiva del «desarrollo y la equidad». ¿Cuál de las dos ha permitido al Estado contar con más recursos para fortalecer su función social? La respuesta es clara: el ingreso fiscal bajo la actual Constitución ha sido 6,4 puntos del PIB mayor que el promedio obtenido.