Por Cristián Larroulet:
De mantenerse la tendencia actual de crecimiento potencial por tres períodos presidenciales más, inclusive el actual, el país perderá recursos equivalentes a una vez el PIB.
Esta es la consecuencia de que la economía chilena haya dejado de crecer a su ritmo histórico y de que su crecimiento de largo plazo se haya reducido en alrededor de un punto porcentual1. En 12 años más tendríamos un menor PIB de US$280 mil millones, lo que equivale al PIB actual2.
Tamaño daño tiene un enorme costo social que ya observamos: la débil creación de empleos; el menor crecimiento de los salarios y la escasez de recursos fiscales para mejorar las políticas sociales a través del Estado.
La buena noticia del cambio de Gabinete se ha visto opacada con la persistencia de la Reforma Laboral y los anuncios de Reforma Constitucional. Es por ello que el Índice de Confianza Empresarial (ICE) elaborado por la UDD que había mostrado una mejoría en abril, volvió a deteriorarse en mayo al caer 6,5 puntos.
Sin entrar al debate de cuánto pesan los factores externos e internos en explicar el fenómeno descrito, ya que hay un creciente reconocimiento del daño causado por las reformas, creo necesario profundizar sobre el significado del costo social de no crecer.
No hay duda que el país aspira a ser más justo y esto se refleja en aspiraciones como reducir la pobreza, mejorar los indicadores de distribución del ingreso y emparejar la cancha. Desgraciadamente estas aspiraciones se ven frustradas si no hay crecimiento. Si la economía no crece no hay puestos de trabajo y mejores salarios para reducir la pobreza. Un país estancado impide que el Estado cuente con recursos para invertir en los indigentes, financiar el déficit en educación preescolar y mejorar la calidad de la educación escolar, políticas que sirven para acortar brechas y asegurar igualdad de oportunidades. En suma un enorme costo social.
¿Se pueden hacer cambios para modificar esta realidad? Muchos, pero existe una oportunidad que hoy se presenta con motivo del cambio ministerial reciente. Los nuevos Ministros van a conducir el debate constitucional. Nuestra Constitución contiene normas de lo que se denomina el “orden público económico”. Ellas se refieren a instituciones como el Banco Central, la política fiscal, el rol del Estado en lo económico, el derecho de propiedad y otras que han demostrado ser favorables para el desarrollo del país. Como lo hemos señalado, la Constitución vigente ha permitido un mayor crecimiento económico de 5,1% frente al 3,5% de la Constitución del 25, una menor tasa de inflación de 5,8% en comparación al 23,4% con la anterior Constitución; y más recursos para que el Estado pueda fortalecer su función3.
Sería una gran señal de confianza que el Gobierno señalara inmediatamente que no contempla modificar esas normas dado el exitoso impacto de ellas en el progreso y la justicia del país.
