Por Cristián Larroulet:
El Mercurio
Siempre la Política Fiscal ha sido un elemento fundamental para la marcha económica de los países y, naturalmente, lo es también para Chile. Sin embargo, hoy este instrumento cobra una mayor influencia para nuestro país, dadas las circunstancias que atravesamos. Me refiero, por ejemplo, al reciente cambio del ministro de Hacienda, un hecho inédito desde el retorno a la democracia. Al generalizado ambiente de desconfianza, alimentado por la agenda de reformas del Gobierno que, a su vez, ha generado un deterioro en las expectativas y en el equilibrio fiscal, activo nacional muy apreciado dentro y fuera del país. La ley de presupuesto 2016 ofrece una oportunidad para morigerar estos efectos negativos y rectificar errores.
¿Cómo llegamos a esta situación? Principalmente por el daño que la Reforma Tributaria produjo en el crecimiento de la economía y especialmente en la inversión. En efecto, la inversión acumula tres trimestres con tasas de variación anual negativas a pesar de que, tanto la política monetaria como el gasto público, han buscado revertir esos malos resultados. Lamentablemente ellos no sólo afectan al crecimiento del presente año –que se estima en torno al 2,5 por ciento- sino también el de los años venideros, pues se espera que, hasta el término de este Gobierno, el crecimiento no será superior al 3,5 por ciento. Todo lo anterior significa, entre otras consecuencias, menores ingresos tributarios que los originalmente proyectados por la autoridad.
¿Y qué ocurre con el gasto fiscal? Pues bien, la agenda en marcha del Gobierno significa la utilización de recursos por alrededor de 4.300 millones de dólares. Si a ello sumamos los gastos que involucrarían las nuevas iniciativas emblemáticas, que costarían alrededor de 5 millones de dólares, estamos llegando a un desequilibrio fiscal de 3.000 millones de dólares anuales, lo que equivale a enfrentar un déficit fiscal entre 1,5 y 2,0 puntos del PIB hacia el término de este Gobierno. Una cifra que necesariamente deberá ser contrastada con la meta fijada respecto al balance estructural para el 2018.
Afortunadamente, el nuevo Ministro de Hacienda ha dado señales sobre el deseo de mantener una Política Fiscal sana para volver al balance estructural. Una actitud muy valorable pues en el actual ambiente de incertidumbre la responsabilidad fiscal es un “ancla” fundamental para mejorar las deterioradas expectativas. En este contexto, el titular de Finanzas ha llamado a priorizar los gastos, decisión que inevitablemente significará privilegiar algunas medidas y descartar otras menos urgentes, como a nuestro juicio, lo es el establecimiento de la gratuidad universal de la educación superior, pues ella equivale a regalarle cerca de 2.000 millones de dólares a quienes en el futuro serán los más ricos del país.
La jerarquización de las prioridades también representa una oportunidad para potenciar el crecimiento económico. En efecto, ello es posible al privilegiar el gasto de inversión del sector público, principalmente el referido a infraestructura. Lo mismo conviene hacer respecto del gasto público complementario a la inversión privada, es el caso por ejemplo, de las concesiones o los subsidios que generen inversión como el de vivienda.
En suma, la disciplina fiscal debe volver y eso pasa por moderar el gasto público y priorizar la inversión y la productividad.
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