Por Hernán Cheyre:
Sin perjuicio de que la expansión en el gasto público contemplada para 2016 sea inferior a la que se proyecta para este año, la política fiscal está lejos de ser “diet”, como la calificó el ministro Valdés. Por el contrario, lo que se está observando es un régimen “alto en calorías”, por dos razones. En primer lugar, por segundo año consecutivo el gasto fiscal se va expandir muy por encima del crecimiento de la economía, al punto que como proporción del PIB superará el 24% en 2016, la cifra más alta desde el año 1990. Segundo, el presupuesto contempla un fuerte aumento en las transferencias y una disminución en la inversión pública, que es la que verdaderamente tonifica la musculatura de la economía, observándose por tanto una dieta con mayor contenido graso. El esfuerzo presupuestario en partidas vinculadas al emprendimiento e innovación, ciertamente importante, no será suficiente para generar un punto de inflexión en materia de mejoramiento de la productividad.
Los antecedentes más esperadoscada año en la presentación del proyecto de ley de presupuestos se refieren al porcentaje de variación que se proyecta para el gasto fiscal y a su forma de financiamiento. La expansión de 4,4% anunciada para el gasto pareció moderada en un principio, pero cuando se informó que la comparación se estaba realizando en relación al gasto fiscal efectivo proyectado para el año 2015, y no respecto del nivel de gasto total máximo aprobado en la ley de presupuestos del año anterior, la apreciación cambió en algún grado, por cuanto para este año se anticipa una sobre-ejecución del presupuesto. Si la comparación se realiza, como es más usual, tomando como referencia los valores máximos establecidos en las leyes respectivas, la cifra del año 2016 representa un aumento superior al 6%. Más allá de la confusión inicial que hubo respecto de este tema, lo concreto es que si se consideran en forma conjunta los presupuestos de 2015 y 2016, lo que se observa –de acuerdo a las cifras de la Dipres- es un aumento del gasto fiscal bianual de 12,8%, en el contexto de una economía cuyo crecimiento en estos dos años difícilmente va a superar el 5%. De esta forma, se sigue escalando en lo que el gasto público representa respecto del PIB total, lo cual da cuenta, obviamente, de una tendencia declinante en la participación relativa del sector privado en la economía. Estos mayores espacios de acción pública han sido a costa de una mayor carga tributaria y de un mayor endeudamiento público, lo cual indudablemente le quita espacios de acción al sector privado.
En lo que respecta al financiamiento del presupuesto fiscal para el año 2016, se ha informado la proyección de un déficit equivalente al 3,2% del PIB, que se suma al saldo negativo de 3,3% del PIB estimado para este año por el ministerio de Hacienda. La contrapartida de estos desequilibrios presupuestarios es un aumento en el endeudamiento neto del sector público, con lo cual se está dejando atrás la posición neta acreedora que pudimos exhibir durante muchos años –y que tuvo una positiva incidencia en el mejoramiento experimentado por la clasificación de riesgo soberano de Chile-, pasando a un estado deudor neto. Si bien el país se encuentra aún dentro de rangos muy favorables en esta materia, comparando con la realidad de otras economías emergentes, se trata de un activo que hay que preservar. En este sentido, las señales de que existe voluntad de avanzar a un restablecimiento del equilibrio estructural en el presupuesto públicos deben ser contundentes y creíbles. El programa de gobierno de la presidenta Bachelet establecía como meta alcanzar esta posición el año 2018, y, de hecho, uno de los argumentos que se usó para justificar una reforma tributaria que iba a recaudar el equivalente a 3 puntos porcentuales del PIB fue precisamente el de contribuir a este objetivo. Ya ha quedado de manifiesto que ello no va a ser así, por cuanto el mayor gasto fiscal que se ha incubado, junto a la menor recaudación impositiva que ha habido como consecuencia del menor crecimiento de la economía, no lo harán posible. Tomando en cuenta la importancia que reviste para el país retomar este rumbo, queda claro que las posibilidades de aumentos adicionales en el gasto fiscal en los años venideros se verán acotadas por esta necesidad, carga que será heredada por el próximo gobierno.
Pero más allá de los aspectos financieros que rodean la discusión presupuestaria, no deja de ser preocupante el impacto que esta tendencia puede tener en el potencial de crecimiento de largo plazo de la economía. Siendo la productividad el desafío más importante que se tiene por delante, las señales contenidas en la forma en que está siendo conducida la política fiscal por este Gobierno dan cuenta de un papel cada vez más gravitante de las transferencias corrientes puramente redistributivas –lo cual se va a acentuar en los próximos años como consecuencia de las reformas implementadas en el ámbito de la educación-, sin velar por un mejoramiento en la calidad de los servicios que estarán siendo financiados con estos recursos, lo cual va a terminar rebotando en contra precisamente de esa productividad que como país debemos mejorar. Los recursos adicionales que se va a destinar a actividades de promoción del emprendimiento y la innovación, con todo lo favorables que puedan ser –asumiendo que están siendo orientados a programas con impacto positivo y que aún no llegan a la etapa de los rendimientos decrecientes-, no van a ser suficientes para contrarrestar la ola en contra que representa la evolución hacia un estado en que el aparato público no deja de crecer, y en el cual el sector privado va quedando con menores espacios de acción y con una carga regulatoria más pesada de sobrellevar.
