Por Hernán Cheyre:

En materia de financiamiento del presupuesto fiscal para el año 2016, se ha informado la proyección de un déficit equivalente al 3,2% del PIB, que se suma al saldo negativo de 3,3% del PIB estimado para este año por el ministerio de Hacienda. La contrapartida de estos desequilibrios presupuestarios es un aumento en el endeudamiento neto del sector público, con lo cual se está dejando atrás la posición neta acreedora que pudimos exhibir por años, y que incidió en una mejora en nuestra clasificación de riesgo soberano, pasando a un estado deudor neto.

Si bien el país se encuentra aún dentro de rangos muy favorables en esta materia, se trata de un activo que hay que preservar. En este sentido, las señales de que existe voluntad de avanzar a un restablecimiento del equilibrio estructural en el presupuesto público deben ser contundentes y creíbles.

El Programa de Gobierno establecía como meta alcanzar esta posición en 2018, y uno de los argumentos que se usó para justificar una reforma tributaria que iba a recaudar el equivalente a 3 puntos porcentuales del PIB fue precisamente el de contribuir a este objetivo. Sin embargo, el mayor gasto fiscal que se ha incubado, junto a la menor recaudación impositiva que ha habido como consecuencia del menor crecimiento de la economía, no lo harán posible.

Tomando en cuenta la importancia que reviste para el país retomar este rumbo, queda claro que las posibilidades de aumentos adicionales en el gasto fiscal en los años venideros se verán acotadas por esta necesidad, carga que será heredada por el próximo gobierno.

Los recursos adicionales que se va a destinar a actividades de promoción del emprendimiento y la innovación, con todo lo favorables que puedan ser, no van a ser suficientes para contrarrestar la ola en contra que representa la evolución hacia un estado en que el aparato público no deja de crecer, y en el cual el sector privado va quedando con menores espacios de acción y con una carga regulatoria más pesada de sobrellevar.