Por Hernán Cheyre:

No son solo las cifras de actividad económica las que preocupan. Lo más inquietante es que se está retrocediendo en la manera de abordar los problemas y de proponer soluciones. Poco a poco se está abandonando el enfoque basado en la libertad para elegir y en la capacidad de emprendimiento de las personas, evolucionándose hacia un esquema de mayor estatización de las decisiones. En el ámbito de la educación superior, por ejemplo, ya no serán los estudiantes más vulnerables los que decidirán la institución en la que desean estudiar con apoyo financiero estatal, sino que será el Estado el que les indicará cuáles son las elegibles, fortaleciendo así un “cartel” que en otros ámbitos se busca desbaratar. Y cuando falta competencia en algún sector o se advierten imperfecciones, como es el caso de la comercialización de fármacos, en lugar de abordarse la raíz del problema, adquieren mayor fuerza los que claman por farmacias municipales. ¿El próximo paso será la promoción de almacenes populares? Esto no es ficción, esto es Chile 2015, un país que comienza a andar en marcha atrás.

La reforma tributaria impulsada por el Gobierno que asumió en marzo de 2014, que buscaba aumentar la recaudación impositiva anual en una cifra equivalente a 3 puntos porcentuales del PIB, fue, a nivel macro, el puntapié inicial de la puesta en marcha de la nueva estrategia, que tiene como objetivo final aumentar la presencia del Estado como agente encargado de resolver los problemas de las personas. Aquí no se tomó en cuenta que la contrapartida de ello es la pérdida de espacios de acción de esas mismas personas como agentes individuales capaces de decidir soberanamente lo que consideran que es mejor para ellos, ni tampoco se consideró que al actuar de la forma como se hizo se ha dañado la capacidad de crecimiento de la economía, que es por naturaleza el mecanismo más eficaz y dinámico para aumentar la recaudación impositiva.

Y a nivel micro, son cada vez más los ámbitos en que se están introduciendo cambios en la dirección de una creciente intervención del Estado, destacando últimamente en el debate público las áreas de la educación y la salud, pero la lista no se agota ahí.

En el campo de la educación superior, el tema va mucho más allá de la discusión de fondo acerca de si es justo y eficiente establecer la gratuidad universitaria. La forma como se pretende implementar esta iniciativa establece una injustificada discriminación en contra de los estudiantes de determinados planteles, y en lo que respecta a su financiamiento, la discusión en torno a la “glosa” presupuestaria para 2016 se zanjó quitando a las universidades la mitad de los recursos que el Estado ya había comprometido con ellos por concepto de haber logrado atraer a los mejores puntajes de la PSU el año 2015, cercenando así el único mecanismo que había para incentivar competencia por calidad, como lo era el Aporte Fiscal Indirecto (AFI). Nada importó que los planteles afectados, a poco menos de dos meses de terminar el año, ya tenían considerado en sus presupuestos para el período 2016 el monto que les correspondía en función de los mejores puntajes que lograron atraer el año 2015. Y ante los justificados reclamos de los afectados, se opta por ceder a la presión de las universidades agrupadas en el Cruch, comprometiéndose el Gobierno a restituirles esos fondos a través de un aporte basal más elevado el próximo año. Con esta medida se contribuye a fortalecer un verdadero “cartel” entre las entidades que conforman esa agrupación –la misma figura que se demoniza, con razón, en otras industrias-, quedando en absoluta desventaja las universidades privadas no tradicionales.

En el ámbito de la salud, lo que hoy día acapara los titulares es la discusión al interior de la coalición gobernante respecto del tema de las concesiones hospitalarias y de las ventas de fármacos. Respecto de lo primero, en un contexto de gran estrechez de recursos fiscales, y habiéndose fracasado en la meta planteada en el programa de gobierno en cuanto a construcción de nuevos hospitales, hay quienes se oponen a avanzar por la vía del mecanismo de las concesiones por motivos estrictamente ideológicos. ¿No reparan, acaso, que el gran salto que ha dado el país en materia de infraestructura vial –que ha mejorado la productividad de la economía y la calidad de vida de la gente- ha sido posible precisamente en virtud de este mecanismo, fuertemente impulsado durante los primeros gobiernos de la Concertación, lo que permitió destinar los recursos fiscales a otros usos? ¿No toman en cuenta que el problema no es solamente falta de recursos, sino que en importante grado, una debilidad en la gestión? ¿Cómo se explica si no, que el grado de ejecución del presupuesto asignado para el 2015 sea de solo 21,7%? Queda en evidencia, pues, que centralizar las decisiones y la gestión en el aparato estatal puede terminar siendo contradictorio con el objetivo de dotar a los chilenos de una infraestructura hospitalaria de mejor calidad. El instrumento está a la mano, pero hay resistencia a utilizarlo, por cuanto en la solución del problema estarían interviniendo agentes privados.

Y en lo que respecta a la iniciativa de vender fármacos en establecimientos municipales, como una manera de poder ofrecer a las personas medicamentos a menor costo, no se está considerando que el problema de fondo en esta materia no radica en una mayor capacidad relativa de los municipios para gestionar la distribución de medicamentos de una mejor forma que las cadenas de farmacias, sino que en una tremenda distorsión que está presente en esta industria, cual es que los laboratorios venden los fármacos a la Central de Abastecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) en condiciones significativamente más ventajosas que las que aplica a los distribuidores privados, por razones que parecen ir más allá de lo que técnicamente podría justificarse por los volúmenes de compra y condiciones de envasado. Es obvio que, en un ambiente realmente competitivo, esta diferencia desaparecería. Lo que hay que hacer, entonces, es destrabar todo aquello que está entrabando la competencia y que está perjudicando a los consumidores, como es el caso de la distorsión descrita. Y esto debería complementarse dando un paso adicional en la etapa de la distribución final, permitiendo que los medicamentos sin receta puedan ser vendidos en establecimientos no especializados, como tiendas de conveniencia y supermercados. Cada vez que se ha tratado de avanzar en esta dirección, el poderoso lobby que ejercen sectores con influencia en el mundo político impiden que esto se pueda concretar. Si la premisa es que falta competencia, la mejor forma de resolver el problema es introduciendo más competencia, y no avanzando hacia un monopolio estatal. Las experiencias internacionales en esta materia dan cuenta de resultados deficientes, con el agravante de que permiten empezar a ejercer un cierto grado de control (¿coerción?) sobre los ciudadanos para poder acceder a ciertos beneficios.

Para revertir esta tendencia “estatizadora” que tiene al país marchando en reversa, comenzando a desandar lo que tanto costó construir en las últimas décadas, y que permitió a los chilenos de todos los estratos socioeconómicos, pero especialmente a los sectores de menor ingreso relativo, mejorar sus niveles de bienestar como nunca antes se había logrado en marcha atrás, es fundamental colocar en el debate los temas esenciales que están en juego. Las personas deben tener claridad en cuanto a que lo que verdaderamente está en juego bajo ambos modelos de organización social es, en un caso, la de ser esencialmente una pieza más en un engranaje digitado desde el Estado, y, en el otro, el de trabajar individualmente con el objetivo común de construir un mejor país para todos, siendo cada uno el arquitecto de su propio futuro, desempeñando el Estado un importante rol de soporte, velando por la situación de aquellos sectores menos aventajados de la sociedad, y corrigiendo las trabas y distorsiones que generan una cancha dispareja. Ningún sistema es perfecto, de manera que lo relevante no es comparar dos utopías, sino que dos realidades. Y en este ejercicio, el sistema basado en la iniciativa privada como motor del progreso gana por lejos. Basta ver lo que ha pasado y lo que está pasando en el resto del mundo.