Por Hernán Cheyre:
LA JUSTIFICADA indignación que ha provocado en la opinión pública el conocimiento de que una de las empresas más tradicionales de nuestro país ha estado involucrada en actos de colusión, ha derivado en reacciones que van desde quienes descargan su ira en las personas directa e indirectamente involucradas (socios controladores, directores, ejecutivos), hasta quienes ven en este episodio un signo de crisis profunda en el funcionamiento del sistema de economía de mercado. Un análisis desapasionado del tema -sin dejar de lado la indignación por lo ocurrido- debe partir reconociendo que este episodio pudo ser conocido precisamente en virtud de que la institucionalidad de que dispone el país para velar por la libre competencia hizo su trabajo. Y eso es algo que debe valorarse positivamente. El mecanismo de la “delación compensada”, junto al riguroso trabajo que inició la Fiscalía Nacional Económica, posibilitaron que este hecho saliera a la luz.
El gran daño que producen los carteles y la colusión es que privan a los consumidores de la posibilidad de acceder a productos de mejor calidad y a menores precios. Y por eso deben ser penalizados. Pero lo que no se sostiene es la conclusión apresurada de algunos en cuanto a que por haber personas que quebrantan la ley en esta materia, el sistema no funciona y amerita una intervención mayor. En cualquier ámbito de la actividad humana y bajo cualquier forma de organización social -economías de mercado o economías socialistas- habrá personas que incumplen las normas establecidas (estudiantes, políticos, empresarios, jueces, trabajadores, funcionarios públicos, religiosos, deportistas, militares, policías y un largo etcétera) y para atenuar las conductas indeseadas están las sanciones que establecen las leyes, de manera de encauzar el comportamiento de las personas en un cierto marco. Por tanto, la existencia de infracciones a la libre competencia, debidamente descubiertas y sancionadas, no invalida la superioridad de un sistema basado en el funcionamiento del mercado como motor del desarrollo económico de un país.
Pero, sin perjuicio del efecto disuasivo y correctivo que tiene la institucionalidad de defensa de la libre competencia, el mejor antídoto para combatir la colusión y la formación de carteles es crear condiciones para que puedan surgir nuevos emprendedores en todos los campos, en condiciones de “desafiar” a los operadores tradicionales en las distintas industrias, entrando así nuevos jugadores a la cancha. Bajar las barreras a la entrada a los distintos mercados constituye un gran desafío para los gobiernos, y especialmente en aquellos casos en que, sin haber colusión, la legislación protege a los actuales operadores sin permitir la entrada de nuevos emprendedores que le darían mayor dinamismo a los respectivos mercados. Ejemplos de esto son los notarios, los conservadores, el cabotaje marítimo, las plantas de revisión técnica, las transacciones electrónicas, etc. Aprovechemos esta oportunidad para generar un punto de inflexión, castigando a los que actúen ilícitamente, y al mismo tiempo dándole mayores oportunidades a los nuevos emprendedores que quieran participar. Falta mucho por hacer.
