Por Hernán Cheyre:

Con buenas razones, la Presidenta Bachelet declaró 2016 como el Año de la Productividad. La tendencia declinante que exhiben las ganancias de productividad como fuente de crecimiento económico es un hecho objetivo que se observa con absoluta claridad, y hay bastante consenso en cuanto a que un cambio de rumbo en este ámbito será fundamental para que la economía chilena pueda retomar un ritmo de crecimiento más elevado en forma sostenida. En este contexto, el discurso oficial ha hecho especial mención a la necesidad de lograr una mayor diversificación de nuestras exportaciones, incorporando mayor valor en los productos que se vende al resto del mundo. Y es precisamente con este propósito y orientación que el Gobierno está implementando una serie de iniciativas de fomento al alero del ministerio de Economía.

Más allá de las opiniones que pueda haber respecto de la pertinencia de cada uno de esos programas como instrumentos eficaces para avanzar en la dirección indicada, el rumbo por el que se quiere avanzar es claro. Sin embargo, al observar el tipo de iniciativas que el Gobierno está propugnando en un ámbito más general, se advierte una contradicción bastante evidente. Esto, por cuanto si lo que se busca es fomentar que en el país surjan nuevos emprendedores que lleven a cabo proyectos innovadores, contar con un entorno amigable con el emprendimiento y la innovación es más importante que los programas específicos de apoyo que se pueda implementar.

En el caso particular de la reforma laboral, se trata de una que iniciativa va en un sentido absolutamente contrapuesto al objetivo de fomentar nuevos emprendimientos con potencial, que contribuyan a diversificar la estructura productiva. Para poder competir exitosamente en un mercado global lo que los emprendedores necesitan es poder desenvolverse con flexibilidad, con capacidad para poder ir adaptándose a un entorno que es esencialmente cambiante, con estructuras livianas que les permitan contratar con terceros muchos de los servicios requeridos, etc. Sin embargo, lo que la reforma propone es una verdadera camisa de fuerza para los emprendedores. Como muestra, cabe hacer mención a la negociación sindical interempresas y a la definición de las funciones de los trabajadores a efectos de delimitar las “adecuaciones” que podrá realizar la empresa en caso de votarse una huelga. En el caso de las negociaciones colectivas conjuntas entre empresas que hayan formado un sindicato común, las realidades entre ellas pueden ser tan disímiles, con diferencias de productividad de sus trabajadores tan significativas, que la búsqueda de una solución conjunta puede resultar lapidaria para algunas de ellas, con un perjuicio total tanto para el emprendedor afectado como para quienes trabajan con él. Y en lo que respecta a la definición de funciones, si hay algo que caracteriza a las empresas de menor tamaño -y muy especialmente a los nuevos emprendedores- es que “todos hacen de todo”. Esta polifuncionalidad, esencial para poder desenvolverse con agilidad y eficiencia, se vería seriamente afectada en caso de una huelga, por cuanto las “adecuaciones” permitidas actuarían como una camisa de fuerza que inmovilizaría al emprendedor, y que, por cierto, terminaría perjudicando también a los trabajadores de esa empresa.

Lamentablemente, esta reforma laboral no está abordando temas de futuro, sino que está mirando por el espejo retrovisor. La forma como se está abordando una supuesta precariedad laboral nos va a conducir a una precariedad productiva, en contradicción con lo que se busca fortalecer este Año de la Productividad.