La violencia rural en La Araucanía dejaría un costo material de entre US$ 70 millones y US$ 520 millones, según un estudio preparado por Cristián Larroulet, académico  y director de Investigación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad.

Larroulet funda su estimación en investigaciones que han cuantificado los efectos de la violencia local sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de países como Italia, que fue de 1,5 a 2,5% en 2010; Inglaterra, que llegó a 6,5% el año 2000, y de EE.UU., que representó el 11% del PIB en 1999.

En su análisis, Larroulet asegura que el costo económico de la violencia «reduce las oportunidades de progreso» y que «en los países con altas tasas de violencia el PIB per cápita es menor».

ara el ex secretario de Estado, que hoy presentará su estudio en Temuco, en un seminario de CorpAraucanía, la violencia y la inseguridad que sufre la Región de La Araucanía «han provocado enormes costos humanos y económicos en la zona».

Entre los costos humanos menciona la muerte de Matías Catrileo (2008) durante la toma de un fundo y la del matrimonio Luchsinger McKay (2013). «La violencia en esta región también ha dejado cientos de personas heridas y ha provocado miedo en las personas al convertirse en víctimas, o a serlo nuevamente», afirma Larroulet.

Aunque recalca que el mayor costo es «el sufrimiento humano», también plantea que produce la pérdida de capital físico «con los ataques incendiarios contra maquinarias y vehículos». Indica que esto causa «una disminución productiva de las empresas agrícolas y forestales» y en las opciones «de desarrollo económico y social de la región».

También advierte en el impacto que la situación genera en los inversionistas, lo que hace que estos «prefieran regiones más seguras y estables para sus negocios», que se frene el turismo y se reduzca el valor de las empresas.

Por último, Larroulet pone el acento en el costo que genera el incremento de las medidas de seguridad, tanto públicas como privadas, y en la pérdida de legitimidad de las instituciones estatales que «no son capaces de proporcionar seguridad a sus ciudadanos, por la falta de eficacia de sus mecanismos de prevención, control y castigo de la violencia delictual».

FUENTE: EL MERCURIO