Por Matías Lira:
Hace una semana cientos de jóvenes avanzaron por nuestra arteria principal con el objeto de exigir cambios inmediatos en nuestro sistema educacional, lo que buscan, en palabras de sus dirigentes, acabar con la educación de mercado y garantizar como derecho social el acceso a una educación de calidad, preferentemente pública.
Hasta ahí la historia no es muy distinta a lo que se ha vivido periódicamente desde el 2011, pero con un desenlace distinto.
Por un lado, están los actos de violencia e irrespeto hacia millones de chilenos que vimos con escozor, no solo el clásico daño a la propiedad pública sino a la sensibilidad religiosa de millones de compatriotas, dentro de los que me incluyo.
Y, por otro lado, el hecho de que ad portas del inicio de esta marcha la rotura de una matriz provocaba la suspensión del servicio de metro y por ende un grave problema de conectividad para miles de santiaguinos que debían desplazarse a sus trabajos.
Quiero analizar este último punto, ya que simboliza una de las mayores contradicciones del movimiento estudiantil versión 2016 o al menos de sus dirigentes, quienes mantuvieron la marcha, esgrimiendo dentro de sus argumentos que no era de ellos la responsabilidad del problema.
Esto revela, a mi juicio, el gran vicio de la postura radical de este movimiento y de algunos dirigentes políticos.
Si entendemos que lo público es aquello que es de todos y para todos, entonces más allá de buscar en quién recae la responsabilidad, se requiere la colaboración de todos para la búsqueda de una solución.
Una mínima demostración de educación cívica de quienes exigen la mejora al sistema hubiese sido empatizar con los afectados, dentro de los cuales no me cabe duda se encontraban varios padres de estos jóvenes, y haber sido parte de la solución, es decir postergar la marcha.
Con esta señal estos dirigentes se comportan como la caricatura de lo que dicen criticar, un sistema que lo único que le importa es un caprichoso interés individual.
Todo proceso educacional exitoso requiere que las personas comprendan que son parte de una comunidad y como tal, con derechos y responsabilidades.
Esto último tiende a desaparecer detrás de esos repetitivos slogans que hablan de una educación de calidad, como si esta dependiese exclusivamente del financiamiento y la personalidad jurídica de quien la entrega.
