Por Matías Lira:
Hace pocos días y luego de muchos anuncios, borradores y extensiones de plazo hemos conocido el proyecto de ley para la gran reforma de la educación superior. Como era de esperar las reacciones han sido diversas, pero con la constante de que tanto rectores, como estudiantes y parlamentarios, han señalado, con matices, que este proyecto no está a la altura de las expectativas generadas.
Unos abogan por un trato preferencial del Estado, es decir, fondos exclusivos, otros por el mismo trato en su condición de generadores de bienes públicos, otros por el término de la lógica de “mercado” y de las becas y créditos. En fin, múltiples demandas que en no pocos casos son excluyentes entre sí. Una buena política pública debe tener por objetivo resolver un problema que afecte a un grupo o comunidad en particular y es aquí donde, a mi juicio, se presenta la principal falencia.
Después de revisar el documento no queda claro cuál es el objetivo detrás, y lo que es peor, está construido sobre la base de un dudoso diagnóstico. Tampoco es razonable pretender que este proyecto de ley busque resolver o más bien modificar cada una de las dimensiones de nuestro actual sistema, el que algunos denominan con mucha fuerza y convicción como un mal sistema, pero que no acompañan esos dichos con evidencia comparada, requisito indispensable para un buen debate.
Otro tema preocupante es el uso y abuso del tema de la gratuidad, como si fuese la única materia tratada en este proyecto de ley. No me cabe duda que el tema del costo de estudiar es probablemente lo que más afecta a un grupo importante de las familias chilenas, pero este proyecto va mucho más allá. Se dice que se quiere poner término a una mirada economicista y mercantil, pero a la vez se pretende tarificar cuánto vale enseñar, obligando a cada proyecto educativo a transformase de facto en una fábrica de commodities. Se habla de que la gratuidad ha llegado para quedarse, pero a la vez nuestras propias autoridades tienen dificultades en señalar la magnitud del gasto en régimen de dicha propuesta.
Por otro lado, se señala que con esto se logra transformar la educación superior en un derecho social sin límite, con argumentos que podrían a la vez ser utilizados para exigir como derecho fundamental que le financien un MBA a cualquier ciudadano que lo desee. Sin ánimo de predecir el futuro, creo que sin una revisión y análisis frío y desapasionado de los avances en materia de acceso y calidad que el actual sistema ha generado, no tendremos como resultado más que una interminable negociación entre múltiples grupos de interés que finalmente saciarán su sed con meras concesiones, generalmente monetarias, y una ley confusa con escasos resultados.
