Por Hernán Cheyre:

El destape del caso de las jubilaciones recibidas por ex funcionarios de Gendarmería, que da cuenta de prebendas irritantes que son propias de la lógica del antiguo sistema de reparto que prevalecía en Chile, ha motivado, con razón, una condena a estos tratamientos privilegiados. Pero en un contexto en el que las pensiones recibidas por la mayoría de los chilenos está siendo inferior a las expectativas que muchos se habían formado, el escenario se ha vuelto proclive a quienes, por razones ideológicas, buscan terminar con el sistema de AFP basado en la capitalización individual de los aportes y en la propiedad privada de los fondos acumulados. No cabe duda de que el aumento en las expectativas de vida de la población así como la dinámica del mercado laboral amerita introducir cambios en algunos parámetros, a lo cual debe agregarse un fortalecimiento del pilar solidario. Pero proponer el regreso a un sistema de reparto, habiendo abundante evidencia en el mundo de que por razones demográficas éstos son financieramente inviables, da cuenta de una mirada voluntarista que se debe atajar a tiempo, para evitar males mayores.

Más allá de los tratamientos diferenciados y discriminatorios, que son típicos de los sistemas de reparto, es fundamental abordar el mito de que el sistema antiguo pagaba mejores pensiones que el nuevo régimen basado en la capitalización individual. De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Pensiones, en abril de 2016 la pensión de vejez promedio pagada a hombres era de $165.430 para los jubilados del Servicio de Seguro Social (SSS) (2/3 del total, aproximadamente), y de $294.536 para los jubilados de la Caja de Empleados Particulares (1/3 del total, aproximadamente), con lo cual el promedio ponderado para los jubilados del sistema antiguo alcanza los $208.000. En el mismo período, la pensión de vejez promedio pagada por las AFP totaliza $188.000.

Lo que no se dice de estas cifras es lo siguiente:

Primero, para acceder a una pensión de vejez en el SSS se requería haber cotizado como mínimo 800 semanas (15 años, aproximadamente), no teniendo derecho a pensión el trabajador en caso de no alcanzar este límite. En la práctica, esto significa que alrededor del 50% de los cotizantes del SSS quedaba sin cobertura, y por tanto sin derecho a pensión. Por tanto, por cada antiguo cotizante del SSS que hoy recibe $165.430, hay otro que está recibiendo cero, de manera de que si se trata de realizar una comparación, habría que realizar un ajuste por ese concepto de aproximadamente 50%.

Segundo, debe considerarse también que la tasa de cotización del sistema antiguo prácticamente duplicaba la tasa del régimen actual, con lo cual también correspondería hacer un ajuste equivalente.

Tercero, las cifras publicadas para el sistema de AFP incluye al total de afiliados que han accedido a una pensión de vejez, sin discriminar en función del número de años de cotización. En el extremo, podría haber casos de trabajadores que solo cotizaron esporádicamente, y que como consecuencia de ello están recibiendo una pensión acorde con ello. Lamentablemente, no existe información disponible que permita calcular la pensión promedio de quienes sí cotizaron durante toda su vida laboral.

Las cifras y ajustes descritos, por válidas que sean, no permiten soslayar el problema de fondo que se enfrenta, cual es la insatisfacción existente con las pensiones que se están recibiendo. Sobre eso hay que trabajar, pero a partir de bases realistas, y no mirando un espejismo, que, como tal, refleja una visión distorsionada de la realidad. A la luz de los antecedentes disponibles y de los diversos diagnósticos ya realizados por distintos expertos y grupos, parece obvio que la actual tasa de cotización en el sistema de capitalización individual debe ser ajustada, y en esa línea lo más aconsejable sería aumentar este guarismo en unos 4 puntos porcentuales del sueldo, en forma escalonada en el tiempo. Algo similar debería ocurrir con la edad mínima requerida para acceder a una pensión de vejez, debiendo seguir abierta la opción de una jubilación anticipada para quienes cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Lo que se debe buscar es incentivar a que las personas posterguen su edad de retiro, siendo compensados con una pensión más alta después. En el intertanto, una adaptación en el pilar solidario para mejorar la situación de los grupos más afectados, ampliando la cobertura del beneficio y aumentando el monto para los pensionados más pobres, surge como la opción más recomendable. Los diagnósticos y las propuestas de solución ya están; lo que falta es la voluntad política de avanzar en esa dirección. Lo que no se debe perder de vista en ningún momento en este debate es que las soluciones mágicas, exentas de costos, no existen.