Por: Matías Lira
Una de las preguntas más reveladoras de la última encuesta CEP, es la que pide al entrevistado elegir de una lista de 10 temas, aquel que debería ser la primera prioridad del país. Las tres opciones más nombradas fueron la delincuencia, el desarrollo económico y la atención de salud. Como ya he mencionado en columnas anteriores, este ranking de prioridades, definido por la ciudadanía, no coincide con la agenda política del Gobierno, la cual ha estado centrada en impulsar reformas e iniciativas tales como la nueva Constitución –que ocupa el séptimo lugar en la encuesta-, o la gratuidad universal en la educación superior, ubicada en el octavo lugar.
Lamentablemente el hecho que el desarrollo económico haya sido definido como la segunda prioridad ciudadana, concuerda con que, en la misma encuesta, la actual situación económica sea calificada por un 48% como “mala o muy mala”, con el pesimismo del 68% que piensa que en los próximos 12 meses la situación económica del país no cambiará, y con la nota 3 que recibe el Gobierno por su gestión en materia de crecimiento económico. Y es que muchos, tanto dentro como fuera de la Nueva Mayoría, creyeron que el crecimiento económico era algo tan característico y propio del país como la Cordillera la que, sin importar lo que pase, siempre va a ser parte del paisaje nacional.
Sin embargo, una de las lecciones de este período de bajo crecimiento es que tal y como mencionan hasta los más básicos manuales de economía el crecimiento es una variable que depende de muchos factores, entre ellos, la confianza y la certidumbre jurídica para emprender e invertir, elementos que han sido muy afectados por las reformas tributaria y laboral, así como por la incertidumbre que generan los eventuales cambios institucionales y económicos que traería la anunciada nueva Constitución.
De esta manera, aunque el crecimiento económico no figuraba entre las prioridades de la Nueva Mayoría y claramente se subvaloró como eje clave de cualquier política pública, hoy termino siendo el centro de las prioridades llegando incluso a enredar y postegar el cumplimiento de su reforma más emblemática: la gratuidad universal.
