Por Matías Lira:
En pocos días más se cumple el plazo legal para que se presente al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto del próximo año. Por estos días aparecerán en los más diversos medios de comunicación lo más variopinto de nuestra clase política y empresarial, además de un sinnúmero de grupos de interés, abogando porque este proyecto considere los recursos específicos para todo tipo de prioridades. Desde más hospitales, gratuidad universal en educación, mayor dotación de carabineros e incluso algún extemporáneo viudo olímpico que solicitará aumento en los recursos para promover el desarrollo de deportistas de élite que nos permita en un futuro cercano obtener la tan deseada pero escasa medalla de oro.
Nadie puede dudar que todas estas constituyen legítimas e importantes solicitudes y, en cierto grado, objetivamente necesarias para algún grupo de chilenos. Lamentablemente, hoy más que nunca “la plata no alcanza”. El lento crecimiento, en parte impactado por la incertidumbre generada por políticas de dudosa efectividad, la baja sostenida del precio del cobre y la carga gradual y creciente de compromisos presupuestarios producto de leyes aprobadas o en proceso de aprobación, nos obligan -así espero- a que este año haya dos mensajes para quienes aprueban las leyes: por un lado, máxima austeridad y responsabilidad en el gasto público y, por otro, que se ponga especial atención en la capacidad que tiene el Estado de ejecutar los presupuestos aprobados. Esto último, que muchas veces pasa bastante desapercibido de la discusión pública, es a mi juicio crucial, en especial en un contexto donde el escenario de disponibilidad presupuestaria es tan estrecho.
Qué sentido tiene una acalorada discusión donde un grupo de parlamentarios defiende, por ejemplo, la construcción de un hospital, un colegio o viviendas sociales si al año siguiente en la misma fecha de esa discusión no se ha utilizado un solo peso de los recursos designados a ese fin. Lo que la gente no sabe es que salvo por los recursos corrientes como las remuneraciones de los empleados públicos y los subsidios directos, los cuales no dependen de manera tan directa de una burocracia híper desarrollada, el resto, como lo son las inversiones, debe pasar por largos y extenuantes procesos de firmas, licitaciones, vistos buenos, tomas de razón por parte de la Contraloría y, por qué no decirlo, una baja capacidad profesional de ciertos funcionarios públicos, entre otros.
Es momento de discutir responsablemente y más que aprobar grandes partidas que sirven sólo para grandes anuncios, se ponga especial énfasis en la efectividad del gasto de dichas partidas. Por eso no deja de llamar la atención cuando un grupo de parlamentarios plantea la “estatización” de instituciones como Inacap, que hoy son ejemplos de gestión y efectividad. Al parecer dichos servidores públicos no han hecho bien el trabajo de revisar el propio funcionamiento de las instituciones propias del Estado.
