Por Hernán Cheyre

LA DISCUSIÓN parlamentaria del reajuste a los trabajadores del sector público que recientemente tuvo lugar pareció a ratos un baile de máscaras, con una coalición de gobierno desafiando abiertamente la autoridad presidencial, habiéndose requerido finalmente el concurso de la oposición para aprobar la propuesta gubernamental. Algo inédito. Finalmente primó la cordura en cuanto a responsabilidad fiscal, aprobándose un incremento de 3,2% como base general, un bono especial para quienes ganan menos, y congelándose las remuneraciones en su actual nivel para quienes están en los tramos más altos.

El porcentaje aprobado para el reajuste fue levemente superior a la inflación que se proyecta para el año 2017, lo cual permite preservar el poder adquisitivo de las remuneraciones del sector público.
Esto, sin tomar en cuenta que el nivel de los salarios recibidos por quienes están en los tramos medios y bajos de la escala excede en más de 30%, en promedio, a los que reciben los trabajadores del sector privado en labores similares.

En el marco del difícil momento por el que atraviesa la economía chilena, con un crecimiento económico estancado bajo el 2%, y en un marco de mucha incertidumbre, preservar la responsabilidad fiscal como pilar de las políticas públicas es un activo fundamental que debe mantenerse. Si se toma en cuenta que en los próximos años será necesario efectuar recortes adicionales en el presupuesto, como consecuencia de gastos ya comprometidos pero que no tienen financiamiento, la señal que ha entregado el gobierno al no claudicar ante las presiones que debió enfrentar, tanto de la Anef como de sus propios partidarios, es ciertamente positiva.

Desde este punto de vista, el gran ganador fue el ministro Valdés, quien durante este debate, con convicción y perseverancia, enarboló la bandera de la responsabilidad fiscal.

No pasaron desapercibidas las declaraciones de dirigentes sindicales que encabezaron las movilizaciones de los trabajadores que se sumaron al paro que se prolongó por más de dos semanas, en el sentido de que el gobierno había “traicionado los principios del socialismo”. Si se entiende por ello la captura del Estado por parte de aquellos grupos que tienen mayor capacidad para organizarse y ejercer presión en favor de sus propios intereses, tienen toda la razón, y en buena hora se produjo tal “traición”.

Aunque ellos no lograron su objetivo, los grandes perdedores fueron los miles de chilenos que se vieron perjudicados por los efectos de la paralización ilegal que tuvo lugar, en su inmensa mayoría personas de bajos recursos, sin capacidad de organización, que con impotencia han visto alejarse la posibilidad de recibir una atención de salud, que no han podido realizar trámites que les son vitales, y que eventualmente van a tener que pagar precios más altos en algunos productos que quedaron retenidos en la aduana.
¿Quién los va a compensar por el daño causado? Nadie. Los descuentos que presumiblemente se va a aplicar a quienes faltaron a su trabajo no son nada, en comparación con el perjuicio que causaron.

No obstante el desenlace conocido, falta mucho por avanzar en cuanto a los procedimientos bajo los cuales se debe llevar a cabo la negociación, para evitar que esta situación se repita año a año.
Los puntos levantados por los parlamentarios de Chile Vamos, y el compromiso asumido para avanzar en un protocolo que permita avanzar en un esquema que tenga como base parámetros de referencia objetivos en cuanto a productividad, condiciones económicas generales y situación del mercado laboral, son un buen punto de partida.