Por Matías Lira (@mlira1)
Diario Pulso
Una de las malas noticias que nos dejaron los resultados de la PSU, recién publicados, fue la salida del Instituto Nacional del ranking de los 100 mejores colegios de Chile. Un hecho tan lamentable como previsible si recordamos la sostenida caída del Instituto en el Simce, por ejemplo, que en la prueba de lectura bajó 80 puntos en los últimos cinco años, disminución que le significó perder, por primera vez desde 1996, la certificación de excelencia que le otorgaba cada año el Ministerio de Educación.
Otro hecho inédito y negativo es que este año por primera vez no hay liceos emblemáticos entre los 50 mejores colegios en los resultados PSU y 16 de los 19 liceos emblemáticos tradicionales cayeron en su rendimiento. Una de las causas que explicaría estos malos resultados, serían las movilizaciones y extensos paros organizados por los estudiantes y respaldadas por algunos dirigentes políticos. Al respecto, Jaime Andrade, director del Liceo Augusto D’Halmar, el mejor colegio municipal de este año, señala: “No sé qué incidencia habrá tenido en los resultados que nosotros no tengamos tomas. Las tomas son un golpe de Estado, y si los niños tienen cariño, espacio y tiempo, ¿de qué tomas me hablan?”.
Pero no son las cifras del Simce o de la PSU las más elocuentes sobre la crisis que vive la educación municipal, sino los 17.000 alumnos que en 2015 abandonaron sus colegios municipales para matricularse en establecimientos particulares pagados o subvencionados. Según el Centro de Estudios del Mineduc, mientras las matrículas en los colegios privados pagados crecieron 4,3% y en los particulares subvencionados 0,3%, en los colegios municipales cayeron en 1,3%. Es decir, las familias chilenas no confían en la educación escolar pública.
¿Y qué hace la Reforma Educacional o Ley de Inclusión por revertir esta crisis y sacar a la educación municipal de la deriva? Muy poco, prácticamente nada. Porque los cambios que trae esta reforma son de tipo administrativo: cuál es la personalidad jurídica del establecimiento y quién es el propietario del inmueble donde funciona el liceo. Lo mismo ocurre con la desmunicipalización y el traspaso de los colegios a los nuevos servicios locales de educación. En otras palabras, la prohibición del lucro, la selección y el copago no van a mejorar la calidad de los liceos municipales.
Y es que el problema de la Reforma Educacional no sólo estuvo en basarse en un diagnóstico más ideológico que real, sino además en equivocar las prioridades, como tardíamente lo reconoció la Presidenta Bachelet cuando a fines de 2014 señaló: “Mi primer sentido fue partamos por la educación pública, mientras vamos haciendo los otros avances”. Cuando la reforma educacional fue presentada a la ciudadanía contaba con un apoyo cercano al 60%. Hoy la rechaza el 60% de los chilenos.
Por todo lo anterior, probablemente la Reforma Educacional será recordada como la promesa de una mejor educación pública que terminó siendo una triste sucesión de conflictos, contradicciones, errores y divisiones que finalmente se plasmaron en una ley incapaz de conseguir la meta que originalmente se trazó.
