Por Matías Lira (@mlira1)
Diario Pulso

Hace algunos días la Pontificia Universidad Católica de Chile demandó al Estado por el perjuicio patrimonial causado por la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) en la Ley de Presupuesto 2017. Esto fue catalogado como de “máxima gravedad para un país” por parte del ministro Valdés y sin duda, constituye un hecho inédito y sienta un precedente entre la relación de los individuos y/o comunidades y las externalidades generadas por el Estado en la implementación de políticas públicas.

Pero más allá del debate jurídico, en mi opinión, lo importante es analizar el proceso que terminó en la decisión de la universidad, más que en el hecho puntual de la demanda. Recordemos que esto se origina en el año 2015 durante el debate de la Ley de Presupuesto del siguiente año, donde a proposición de la diputada Vallejos se decide “reorientar” parte de los recursos del AFI para el financiamiento de la famosa gratuidad.

No cabe duda que un país serio debe discutir sobre los impactos de sus políticas públicas y en este caso, el AFI no sería la excepción. De hecho gente razonable y sensata opina que dicho mecanismo de financiamiento es regresivo, ya que considera como variable de distribución la PSU, fuertemente correlacionada con el Nivel Socio Económico de los alumnos. Pero otra cosa muy distinta es que de golpe y porrazo, sin análisis alguno, y probablemente motivado por un sesgo ideológico contrario a que dicho financiamiento fuese en una gran parte a Universidades Privadas, se decida poner fin a recursos que posiblemente ya se encontraban proyectados como ingresos para una gran parte de las instituciones.

Esa improvisación y falta de rigurosidad, de la cual lamentablemente nos estamos mal acostumbrando, es lo que yo denominaría, parafraseando al ministro Valdés, como de máxima gravedad para un país. Hay que recordar que dichos recursos estaban asociados a los 27.500 puntajes que habían ingresado el año anterior, por lo que perfectamente en el contexto de un país que se considera serio se podría asumir como un derecho justamente adquirido por las instituciones públicas y privadas que participan del Sistema de Educación Superior.

No se puede por un lado exigir a las instituciones que mejoren su calidad y gestión, si por otro lado el Estado, quien enjuicia y evalúa a éstas, genera total incertidumbre a través de políticas ambiguas y poco transparentes.