Por Matías Lira (@mlira1)
Diario Pulso
En una columna anterior se analizaron los pobres resultados obtenidos por los establecimientos escolares públicos en la PSU y, particularmente, la dramática baja que sufrieron los liceos emblemáticos. Pero esta crisis es como una bola de nieve que viene rodando y creciendo desde hace más de una década, y que se grafica en la pérdida de matrícula de casi 600 mil alumnos durante los últimos 15 años.
Según el diagnóstico del Gobierno, el problema de la mala calidad de la educación municipal radica en la gestión de los municipios. Por eso se presentó el proyecto de ley de “Nueva Educación Pública”, que entrega la administración de 5.500 colegios municipales a 68 Servicios Locales de Educación (SLE), dependientes del Ministerio de Educación. En este punto han surgido críticas bastante razonables que cuestionan la capacidad que tendrá la nueva institucionalidad. Actualmente, tenemos 346 municipalidades a cargo de más de cinco mil liceos, donde el 90% de los municipios administra 30 o menos establecimientos escolares.
Entonces, surge una duda razonable: ¿tendrán los nuevos SLE la capacidad humana, técnica y profesional de asumir el manejo de un mayor número de liceos que los municipios, considerando que algunos de ellos tendrán que administrar más de 100 establecimientos?
A la gran cantidad de liceos dependientes de los SLE, se suman otras dificultades como las diversas necesidades y desafíos que implica la realidad particular de cada colegio, y la lejanía geográfica que existirá entre ellos y los Servicios Locales subordinados a un órgano dependiente del Mineduc en Santiago.
Expertos en educación, como Acción Educar, han hecho ver que con la reforma se diluye la responsabilidad de la gestión educativa. Hoy, el responsable de la educación municipal es el alcalde, pero de aprobarse el proyecto ¿quién responderá por la calidad de la educación pública?, ¿el director del SLE, la Dirección de Educación Pública dependiente del Mineduc?
El proyecto tampoco convence a la mayoría de los alcaldes que defienden la gestión educativa de sus municipios. Incluso varios ediles, tanto de la Nueva Mayoría como de Chile Vamos, han pedido al Gobierno que se permita mantener la administración municipal de aquellos colegios que han mostrado buenos resultados académicos.
Es indiscutible que la desmunicipalización que establece el proyecto implicará una tremenda inversión de recursos y, por eso, cabe aplicar un principio clásico del diseño de políticas públicas: si los resultados esperados son inciertos y los costos son elevados, ¿tendrá sentido avanzar hacia otra gran reforma estructural?
