Por Hernán Cheyre (@hernancheyre)

La Tercera

El rechazo del proyecto Dominga por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Coquimbo constituye una muy mala noticia para la región y para el país. En el contexto de una economía empantanada, no solo se está renunciando a una inversión por un monto estimado de US$2.500 millones, a 9.800 puestos de trabajo durante la construcción del proyecto, a 1.450 empleos directos en forma permanente y a labores para más de 3.000 contratistas.

El daño va mucho más allá de esto: habiendo amplio consenso en cuanto al efecto negativo que está teniendo para la inversión la existencia de diversos focos de incertidumbre, la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo ha sido un mazazo que echa por tierra los esfuerzos del gobierno, y especialmente del ministro de Hacienda, por cambiar el ambiente para hacer negocios y para emprender.

Este episodio ha dejado de manifiesto que la institucionalidad vigente en materia de aprobación de proyectos de inversión es deficiente. ¿Cómo es posible que contando con las aprobaciones técnicas, después de varios años de trabajo en que se fueron subsanando las observaciones presentadas, una instancia política regional rechace la iniciativa? Hay denuncias de que habría habido presiones desde otros niveles políticos, lo cual de ser efectivo ciertamente sería un hecho grave.

Pero el problema de fondo va mucho más allá de eso, y radica en que la institucionalidad vigente permite que estas cosas sucedan. Ello no debería ser así, por cuanto las decisiones en estas materias deberían ser estrictamente técnicas, sin interferencia de autoridades del gobierno de turno, ya que su sola participación convierte el tema en una materia política.

En el caso del proyecto de la minera Dominga queda ahora la opción de que la empresa apele al Comité de Ministros, con lo cual la decisión final pasa a ser cien por ciento política, siendo el gobierno el que tendrá la última palabra, haciéndose cargo de las pugnas que surjan a partir de las distintas visiones existentes.

Pero satisfaciéndose los requerimientos básicos exigidos, y contando con las autorizaciones respectivas, no habría razón para no aprobar el proyecto. Las posiciones extremas en la otra dirección van a profundizar el estancamiento económico, con gran frustración para la población.

Para el ministro Valdés, quien está enfrentando este último año de gestión con un discurso que resalta la importancia de retomar la ruta del crecimiento, especialmente a través de un aumento en las exportaciones, y buscando fórmulas para atenuar focos de incertidumbre, el resultado de esta instancia será clave, ya que un resultado adverso le hará perder credibilidad.

Desde la perspectiva del mundo de los emprendedores e inversionistas, lo que está faltando es claridad en las reglas del juego y un ambiente más propicio para poder desarrollar proyectos de inversión. Esto es mucho más importante que cualquier programa específico que desarrolle el Estado para apoyar a sectores en particular.

Es por esto que las agendas más exitosas para promover el crecimiento y la inversión son aquellas que se focalizan en disminuir trabas, trámites y «lomos de toro», para que la actividad emprendedora pueda desplegarse con todo su potencial, introduciendo mayor competencia en los mercados y aliviando la carga regulatoria que aplasta el emprendimiento.

Esta debe ser una tarea permanente de los gobiernos, pero para «contagiar» positivamente al mundo emprendedor hay que transmitir genuina convicción y mostrar consistencia con las iniciativas que se impulsan en otros ámbitos. No bastan las palabras.