Por Hernán Cheyre (@hernancheyre)

El mensaje del proyecto de ley que crea un Ministerio de Ciencia y Tecnología, actualmente en trámite legislativo, reconoce en su diagnóstico que la institucionalidad en la materia es dispersa y fragmentada, tal como ya lo habían advertido las comisiones mandatadas por el expresidente Piñera y la Presidenta Bachelet para estudiar el tema.

El error fundamental en que incurre la propuesta del gobierno para crear un nuevo ministerio es que circunscribe el problema al ámbito de la ciencia y la tecnología, sin tomar en cuenta que la cadena de desarrollo que permite mejorar la productividad de la economía es mucho más amplia: el ciclo completo incluye la formación de capital humano avanzado, la investigación en ciencia básica, los desarrollos tecnológicos y su transferencia a los sectores privado y público, la elaboración de productos y procesos innovadores, y, como eslabón final, los emprendimientos productivos que surgen de lo anterior.

Bajo esta lógica es que el expresidente Piñera, siguiendo la recomendación unánime de la denominada Comisión Philippi, propuso la creación de un ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Tomando en cuenta que el actual gobierno está introduciendo reformas a la educación superior que siguen un carril distinto -y que, lamentablemente, no van a permitir aumentar ni la calidad de la educación universitaria ni va a fomentar las actividades de investigación-, es comprensible que en la formulación de un nuevo ministerio no se incluya ese pilar.

Pero lo que no es entendible es que se esté dejando fuera el ámbito de la innovación, íntimamente ligado a la ciencia y a la tecnología, especialmente en el contexto de la nueva sociedad del conocimiento que está siendo impulsada por la revolución digital. Ese es el pecado capital del proyecto de ley que se está tramitando. La propuesta en trámite va a permitir ordenar de una mejor forma las actividades que, con muchos problemas, actualmente desarrolla Conicyt -a través de la creación de una Agencia de Investigación y Desarrollo, que la reemplazaría-, pero para eso no se requiere crear un nuevo ministerio.

A fin de cuentas, solo se va a conseguir darle un mayor status formal a la actividad científica -eventualmente quedando en una mejor posición para conseguir recursos del presupuesto fiscal, pero se va a perder la oportunidad de armar un vehículo más adecuado y eficaz para coordinar esfuerzos en una cadena de actividades que trasciende lo puramente científico y tecnológico. Entre quienes se oponen a incluir a la innovación en el nuevo ministerio se escucha el argumento de que tratándose de un ministerio que va a estar «capturado por el mundo científico», traspasar a éste el presupuesto y las actividades de innovación la van a relegar a un lugar muy secundario.

Bajo la lógica de un «ministerio capturado» el argumento hace algún sentido, pero las posibilidades de «captura» serán mayores en la medida que su ámbito de acción se circunscriba únicamente a la ciencia y la tecnología. Precisamente lo que hay que buscar es otorgarle un campo mucho más amplio, que, además de la innovación, incluya ciertas materias del ámbito de la educación superior que inciden en esta cadena. De lo contrario, el temor se va a convertir en una profecía auto cumplida.

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