Por Hernán Cheyre @hernancheyre
Los resultados de una encuesta reciente que dan cuenta de un aumento en los plazos de pago que deben soportar las empresas de menor tamaño, han vuelto a revivir las demandas por una regulación que establezca por ley períodos máximos de pago. Es entendible la molestia que esta situación genera en el mundo de las pymes, pero no parece haber conciencia de que el remedio puede resultar peor que la enfermedad: el mayor costo derivado del aumento en las necesidades de capital de trabajo que esto significa podría presionar a la baja el precio que reciben las pymes por los productos que venden, lo cual los podría dejar en una situación igual o peor. El problema no se resuelve con una regulación forzosa, sino que estableciendo mecanismos de incentivo para acortar los plazos de pago (Chile Paga y Sello Propyme 2.0, por ejemplo) y fortaleciendo la competencia en todos los niveles.
Para poder abordar esta situación de una manera eficaz es fundamental entender el problema de fondo que subyace a los plazos de pago: cuando una empresa que compra un producto o contrata un servicio a un tercero, y opta por no pagar al contado, cuando recibe el bien o servicio adquirido, no lo hace por mero capricho, sino que buscando la forma de minimizar el capital de trabajo requerido para desarrollar su actividad, ya que de esa manera ahorra costos. Obviamente, la contrapartida de esto es que son los proveedores de estos bienes o servicios los que deben financiar su propio capital de trabajo para hacer frente a lo anterior. Esta situación puede parecer “injusta”, y más aún si se considera que muy probablemente a las empresas proveedoras, por su menor tamaño relativo, el financiamiento del capital de trabajo les puede resultar más caro que a las empresas contratantes. Pero en la medida que estas últimas se desenvuelvan en mercados verdaderamente competitivos, ello las conducirá por un camino que las obligará a ir buscando en forma permanente opciones para ganar eficiencia y reducir costos, al margen de que la contraparte sean otras empresas de tamaño similar o bien si se trata de pymes. Y contra esa fuerza no hay nada que hacer en una economía de mercado, sin perjuicio de que este problema podría ameritar algún tipo de ayuda focalizada a grupos específicos que se puedan ver afectados negativamente, como es el caso de las empresas de menor tamaño.
En el caso particular del financiamiento del capital de trabajo, es un hecho de la causa que, en la mayoría de los casos, el costo de acceso a financiamiento es más bajo para las empresas más grandes que para las pymes. Ello es consecuencia, por lo general, del menor riesgo relativo que el sistema financiero asigna a unos y otros, lo cual puede a su vez responder a causas objetivas, como también a una percepción diferente, explicable por la existencia de asimetrías de información. Para abordar este problema el Estado dispone de la herramienta de poder otorgar garantías parciales a los créditos que el sistema financiero les concede a las empresas de menor tamaño, lo cual les permite a éstas acceder a financiamiento en mejores condiciones respecto de la situación en la que no cuentan con ninguna garantía. Los programas que actualmente están en funcionamiento con este propósito obviamente son susceptibles de ser mejorados para adecuarse en mejor forma a las necesidades de las pymes, pero lo importante de destacar es que este es un camino por el que se debe seguir avanzando.
Ante la realidad descrita, lo que se debe buscar son también incentivos adecuados para que los pagos a las empresas de menor tamaño se materialicen en períodos más breves. En lo que respecta a las compras que realizan instituciones públicas, más allá de las instrucciones de carácter general que puedan provenir de las autoridades respectivas, difíciles de monitorear, se debería fortalecer el programa Chile Paga (que data del año 2011), que mide el plazo de pago de las distintas reparticiones estatales, incluyendo un incentivo presupuestario a quienes cumplan con los plazos establecidos a nivel central.
Y en un plano más general, la iniciativa Sello Propyme, al que pueden acceder las empresas que se comprometan a cumplir ciertos estándares en cuanto a plazos máximos de pago a sus proveedores, amerita una modernización. Actualmente quienes reciben este sello obtienen una suerte de “reconocimiento social” por, pero se debería dar un paso más, ofreciéndoles el Estado un trato análogo de parte de sus reparticiones, a las empresas que se comprometan a pagar en un plazo no superior a 30 días.
Lo que se debe evitar a toda costa es caer en la tentación de pensar que a través de una regulación forzosa se va a poder lograr una reducción en los plazos de pago a las pymes, sin consecuencias para éstas. En un ambiente competitivo, la contrapartida a ello podría terminar siendo perjudicial y contraproducente, en la medida que se traduzca en menores precios a los productos y servicios que ofrecen las empresas de menor tamaño. Cuidado con eso.
