Hernán Cheyre, Director del Instituto de Emprendimiento
Se discute en estos días la introducción de modificaciones al Estatuto Pymes, y uno de los temas que genera debate se refiere a la propuesta de modificar el criterio para clasificar las empresas, subiendo el umbral de nivel de ventas anuales para las que formarían parte de la categoría de micro y medianas empresas, e incorporando también como variable el número de trabajadores de la unidad productiva. Esto, con el propósito de mejorar la focalización de los recursos públicos orientados a apoyar a las empresas de menor tamaño. Centrar el debate en este tipo de materias es estéril.
Bastaría con que se haga cumplir lo que está contenido en la legislación vigente, especialmente en lo que se refiere al otorgamiento de permisos provisorios de funcionamiento y a las normas sanitarias. Más que un nuevo estatuto para pymes, lo que hace falta es un Estatuto para Emprendedores que facilite la puesta en marcha de nuevos negocios, disminuyendo trabas, alivianando la carga regulatoria, y creando mejores condiciones de acceso a financiamiento.
Cuando en enero de 2010 se aprobó la ley 18.460, conocida como el Estatuto Pyme, la entonces presidenta Bachelet concretó una larga aspiración de los gremios representantes de las empresas de menor tamaño. Se creó así la División de Empresas de Menor Tamaño en el ministerio de Economía, se creó un Consejo Nacional Consultivo de la Empresa de Menor Tamaño, se establecieron procedimientos para la dictación de normas que afecten el funcionamiento de las pymes, y, entre otras materias, se legisló sobre el otorgamiento de permisos provisorios de funcionamiento y sobre normas sanitarias.
Habiendo transcurrido ya más de siete años desde esa fecha, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet trabaja en la elaboración de un nuevo Estatuto Pyme. ¿Qué pasó con el primero? En esencia, poco. Aumentó la burocracia estatal, desde luego, y se crearon nuevas instancias de encuentro entre autoridades de gobiernos, de los gremios que representan a las empresas de menor tamaño, del mundo universitario y municipal, entre otros. Pero en cuanto a resultados concretos, un mínimo de objetividad obliga a reconocer que los frutos no han sido muy abundantes. ¿Por qué? Básicamente porque ha sido difícil hacer cumplir lo que quedó establecido en la ley, al superponerse ciertos contenidos de este cuerpo legal con facultades que otras leyes le conceden a instituciones públicas de otra naturaleza, como es el caso, por ejemplo, de las municipalidades, quienes tienen la última palabra en cuanto al otorgamiento de permisos.
En este contexto, la discusión acerca de los criterios que se debe utilizar para clasificar a las empresas en distintas categorías puede aportar a una mejor diferenciación entre las empresas de menor tamaño, pero está lejos de ser un asunto medular. Lo más importante, por lejos, es la falta de cumplimiento que ha habido respecto del otorgamiento de permisos provisorios de funcionamiento, así como lo establecido en materia de normas sanitarias. Y para eso, lo que se requiere es introducir precisiones a la ley vigente, y luego actuar con voluntad política.
En conclusión, la experiencia del Estatuto Pyme muestra que los problemas de las empresas de menor tamaño no se resuelven creando nuevas burocracias ni nuevas normas legales aisladas, ni tampoco centrándose en el efecto que puedan tener los programas públicos de apoyo. Lo que verdaderamente se necesita es una cancha más despejada para que los emprendedores puedan desplegar su capacidad creativa con su máximo potencial, una mochila regulatoria más aliviada para no tener que sobrellevar una carga excesiva, acceso a capacitación para poder insertarse de mejor forma en la nueva economía que se está desarrollando, y una infraestructura crediticia que les permita acceder a fondos en mejores condiciones, haciendo un mejor uso de las garantías disponibles.
