Por Hernán Cheyre (@hernancheyre)
Se encuentra en trámite legislativo un proyecto de ley para crear la empresa estatal «Intermediación Financiera S.A. (Infisa)». Esta iniciativa surgió de un acuerdo político suscrito en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos del año pasado, mediante el cual se logró aprobar la glosa propuesta por Corfo para autorizar el traspaso de fondos y la capitalización de la Sociedad Agrícola Sacor SpA. El propósito buscado era que esta sociedad pasara a hacerse cargo de la ejecución de los programas de cobertura de riesgos administrados por la Corfo.
En atención al crecimiento que han registrado estos programas de garantía crediticia, al gobierno anterior le pareció apropiado traspasar su administración -junto con los fondos que respaldan las coberturas otorgadas- a una entidad distinta de la corporación, a ser administrada cumpliendo los estándares de gobierno corporativo que se exige a las sociedades anónimas.
Sostener que para cumplir este objetivo la mejor opción sea crear una nueva empresa estatal, es una materia opinable. Un comité Corfo fortalecido, con autonomía para operar, puede cumplir el mismo propósito y a un menor costo. Incluso, la empresa financiera estatal ya existente (BancoEstado) podría hacerse cargo de estos programas, considerando que ya administra un programa de similares características, como lo es el Fogape. No se justifica duplicar la infraestructura estatal para administrar programas que tienen una misma orientación.
Pero más allá de esta discusión, lo que parecía improcedente era que se utilizara con este propósito el «cascarón» de Sacor, sociedad agrícola sin operaciones durante muchos años, cuya disolución había sido aprobada por el Consejo de Corfo el año 2013, pero que el gobierno anterior «revivió», y cuyo giro no le permitía realizar este tipo de actividades. En simple, lo que se pretendía hacer era crear una nueva empresa financiera estatal a través de una glosa presupuestaria. Y de ahí surge el protocolo de acuerdo que deriva finalmente en el proyecto de ley actualmente en trámite.
La actual administración ha continuado la tramitación de este proyecto, siguiendo la misma inspiración que motivó su presentación el año pasado. Si se opta por perseverar en este camino se debe ser extremadamente cuidadoso con el alcance de una iniciativa como esta, ya que en la discusión legislativa se empiezan a agregar funciones y objetivos que se alejan del propósito original. En el mismo texto del proyecto enviado en diciembre de 2017 ya no solo se habla de que esta nueva empresa estatal de intermediación financiera administre los programas de garantías ya mencionados, sino que además agrega el otorgamiento de coberturas para la emisión de títulos de deuda securitizados, así como la posibilidad de otorgar préstamos a entidades financieras para refinanciar operaciones crediticias.
¿Qué impide que mañana no continúe ampliándose el giro, y se contemple, por ejemplo, el otorgamiento de créditos directos a personas o empresas? De hecho, ya se está proponiendo que el nuevo sistema de financiamiento solidario para la educación superior sea administrado por Infisa, añadiéndole la gestión de los créditos estudiantiles como un giro adicional. Y en forma sucesiva se podrán continuar agregando otras funciones que no solo van a terminar desvirtuando el sentido original de esta empresa, sino que lo que se irá armando será un engendro difícil de encauzar, por más que se la dote de la estructura y del gobierno corporativo de una S.A.
Si lo que se busca es proveer de una mejor institucionalidad al sistema de garantías crediticias a las empresas, y de generar una instancia para la administración del nuevo sistema de créditos estudiantiles que opere con estándares adecuados, no se requiere constituir una nueva entidad financiera estatal. Estas labores podría perfectamente realizarlas BancoEstado, administrando uno o más fondos que se le entreguen para cada uno de estos propósitos específicos. La experiencia, la infraestructura y el gobierno corporativo ya los tiene.
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