El Mercurio / 31 mayo

En su particular estilo, el presidente ejecutivo de Codelco señaló hace pocos días, a partir de su experiencia en la minería, que los trabajadores peruanos son “el doble de productivos” que los chilenos. Las reacciones no se hicieron esperar, y aunque la forma puede no haber sido la más adecuada, lo que dijo da cuenta de un problema conocido, como lo es la pérdida de productividad en el sector. De acuerdo a los antecedentes recopilados por la Comisión Nacional de Productividad, en los yacimientos mineros que exhiben las mejores prácticas a nivel mundial se requieren 30 horas-hombre para mover mil toneladas de material, y en el caso de Chile el esfuerzo requerido es de 67 horas-hombre, es decir, más del doble. Más aún, la operación local de mejor desempeño requiere un 44% de más trabajo en comparación con el promedio de las mejores prácticas internacionales. Tenemos, pues, un déficit significativo en la materia, y las razones van más allá del deterioro en la ley del mineral: regulaciones excesivas en diversos ámbitos (laboral y medioambiental, entre ellos), que encarecen el proceso productivo.

Pero el fenómeno descrito no se circunscribe ni se concentra en el sector minero, sino que es bastante generalizado en la economía chilena. De acuerdo a cifras publicadas por la OECD, el PIB por hora trabajada en Chile fue de US$ 27,6 en 2017, muy por debajo de lo observado en países mineros como Australia (US$ 58,9), y la mitad de lo que corresponde al promedio de los países que forman parte de esta organización, lo cual significa estar entre los últimos lugares de la tabla. Este es, pues, uno de los problemas más serios que enfrenta nuestro país para poder continuar avanzando con mayor fuerza. No cabe duda de que una modernización de la legislación laboral, a tono con los desafíos del siglo XXI, es un elemento que debe abordarse con prontitud. Pero el problema va mucho más allá: una deficiencia de fondo es la falta de competencias de nuestra fuerza laboral. Y las fallas vienen desde el origen (formación recibida en los primeros años de educación), se mantienen en la educación técnico-profesional, y se trancan al momento de ser necesaria una capacitación que les permita adecuarse a los nuevos requerimientos que van surgiendo. La nueva institucionalidad que se propone para el Sence es un buen primer paso, pero los temas de fondo referidos a la calidad de la educación siguen esperando.