Diario Financiero / 14 de junio
Es difícil encontrar razones técnicas para justificar la creación de un “ente” público que administre la cotización adicional de 4% propuesto en el proyecto de reforma previsional, si ya se ha decidido que estos fondos vayan a las cuentas individuales, Razones para explicar las bajas pensiones actuales y proyectadas hay varias -todas ellas vinculadas en último término a la insuficiencia del ahorro realizado por las personas-, pero un mínimo de objetividad obliga a reconocer que no han sido las AFP las causantes del problema.
De hecho, las rentabilidades obtenidas han sido más que satisfactorias si se las compara con otros referentes.Por ejemplo, el fondo C rentó en promedio 4,96% entre octubre 2002 y marzo 2019, y el Fondo de Cesantía -administrado por un “ente” público que algunos toman como referencia- lo hizo en 2,96% en el mismo lapso.Obviamente las políticas de inversiones difieren en cada caso, pero a modo de comparación Cabe tener en cuenta que esta sola diferencia: si se mantuviera durante toda la vida laboral de un trabajador cotizante, ¡impactaría enla pensión final más de un 50%! No cabe duda de que la rentabilidad es el factor fundamental.Ello no obsta a que sea necesario modificar aspectos regulatorios para introducir mayor competencia y eficiencia en la industria de las AFP que permitan bajar los costos de operación, pero en ningún caso las invalida como actores del sistema previsional.Además, ¿qué lógica tiene crear una institucionalidad nueva para administrar el 4% adicional, en circunstancias de que el chasis actual permitiría hacerlo a un menor costo, el que podría llegara ser nulo para los usuarios si las actuales comisiones -aplicadas sobre el sueldo- se mantienen? Los hechos están demostrando que los factores de índole política están teniendo mayor peso que los argumentos técnicos, y lo concreto es que la aprobación de la idea de legislar requirió del Gobierno el compromiso de que la cotización adicional del 4% va aira un “ente” público que se va a crear para tal efecto.Pero dado que se optó por este camino, lo procedente sería buscar un esquema que tenga como foco central la búsqueda de un adecuado balance entre rentabilidad y riesgo, con decisiones de inversión tomadas enbase a criterios de eficiencia y con costos de operación al menor nivel posible tomando en cuenta los estándares exigidos, resguardando así de la mejor forma posible los recursos de los trabajadores.
Sumando y restando, lo más lógico sería que este “ente” público se organizara con una estructura similar a lo que sería una AFP estatal, con un gobierno corporativo que otorgue garantías de independencia y profesionalismo, y bajo reglas del juego similares.
Pero el tema en cuestión amerita avanzar más allá, no debiendo renunciarse a dar la opción de decidir a los propios afiliados, a quienes no se les ha preguntado su opinión en este asunto, siendo que, a fin de cuentas, son ellos los dueños de los recursos.Si el “ente” público diera mejores resultados que las AFP, ¿por qué no permitir que, además del 4%, administre también el otro 10%? ¿Y si fuera al revés, por qué no posibilitar que las AFP administren el 14%a quienes así lo prefieran? Habiendo un acuerdo político en cuanto a que el 4% no va a ira las AFP, sino que al “ente” público, no hay problema en que sea así.¿Pero por qué no dejar un plazo de uno o dos años, después del cual los propios trabajadores puedan decidir si dejan el 4% en la entidad estatal, o si quieren trasladar allá también el 10% desde las AFP, o bien traera estas entidades el 14%? Con reglas similares para todos, sería una competencia legítima, y los ganadores serían los propios afiliados, quienes tendrían la última palabra en el tema.
