La Tercera / Lunes 26 de agosto
Las cifras de actividad del primer semestre publicadas por el Banco Central dieron cuenta de una expansión inferior a la inicialmente proyectada, retroalimentándose así la espiral de expectativas negativas que está dominando la escena. Es entendible que la atención mediática continúe centrada en los ajustes a las proyecciones para el segundo semestre, pero cabe insistir en que lo que debe centrar la atención, más allá de los vaivenes coyunturales, es la creación de condiciones que permitan elevar el potencial de crecimiento de la economía chilena, seriamente resentido durante los últimos años.
El diagnóstico del Ejecutivo es claro en este sentido, y es por ello que ha desplegado un amplio abanico de reformas con esta orientación, algunas de carácter administrativo que han tenido importantes avances -como la agenda proinversión-, pero las llamadas reformas “emblemáticas” han quedado entrampadas en el Congreso al no contar el gobierno con las mayorías requeridas. Ante este escenario, lo procedente y responsable es la negociación política, cediendo las partes en ciertas materias, pero sin caer en la tentación de traspasar las “líneas rojas” que hacen perder el sentido de la iniciativa. El caso de la modernización tributaria recién aprobada en la Cámara de Diputados es un buen ejemplo, en el cual hubo que ceder en algunos puntos, pero manteniéndose inalterado el corazón de la reforma, como lo son la reintegración tributaria y el apoyo a las Pymes y emprendedores. Este hito constituye una importante señal de voluntad de acuerdos, que sumado a la cláusula específica que permitirá depreciar más rápidamente las inversiones que se realicen en los próximos períodos, va a dar un impulso adicional a proyectos que están en compás de espera.
Más compleja se ve la situación en el tema laboral, por cuanto la “competencia” que se desató por avanzar hacia una disminución en el número de horas trabajadas está dejando en un segundo plano el corazón de la reforma, que debe ser el avance hacia un esquema de mayor flexibilidad, que permita compatibilizar productividad con mejor calidad de vida. El aumento de costos subyacente a la disminución en la jornada laboral que se está discutiendo (11%), sumado al aumento en la cotización adicional para pensiones que se está proponiendo (4,2%), y al probable incremento que se va a producir en el costo del seguro de invalidez y sobrevivencia que es de cargo de los empleadores en las próximas licitaciones (¿0,5%?), puede derivar en un aumento en los costos de contratación que se va a traducir en un efecto negativo en el empleo que impacte la productividad y el crecimiento potencial en la dirección opuesta. No hay espacio para nuevos seguros financiados con cotizaciones, que va a ser el nuevo punto de presión.
Para avanzar a veces es necesario transar, pero bajo ninguna circunstancia se debe perder el norte, porque el riesgo de retroceder es enorme.
