Hernán Cheyre V. Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES) Universidad del Desarrollo

Uno de los problemas fundamentales que han impedido un mejor desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) en el país no ha sido solamente la insuficiencia de recursos, sino que la amplia dispersión de organismos estatales que participan en la promoción de estas actividades, la falta de foco y la carencia de un responsable político único. Y fue esto precisamente lo que se buscó resolver con la creación de una nueva institucionalidad. Lamentablemente, el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación no recogió las recomendaciones planteadas en el ámbito de la innovación por la comisión asesora presidencial en 2013 y por la mayoría de los miembros de la comisión convocada por la expresidenta Bachelet en 2016. Así, en definitiva solo quedó incluida en el nuevo ministerio la “innovación derivada de la investigación de base científico-tecnológica”, excluyéndose “la innovación productiva y empresarial, el desarrollo tecnológico para fines productivos y el fortalecimiento de recursos humanos para este ámbito”, optándose por resolver los problemas de coordinación a través de un “comité interministerial”. Es decir, se optó por mantener la ambigüedad, con lo cual el nuevo ministerio nació cojo en esta dimensión.

Sin embargo, hace algunos meses el Gobierno anunció que para subsanar este problema de coordinación —y en el espíritu de lo ofrecido en el programa de gobierno, por lo demás— la administración del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) migraría, por glosa presupuestaria, del Ministerio de Economía al nuevo ministerio de CTI, ocurriendo algo similar con la gerencia de capacidades tecnológicas de Corfo. Lo anterior, sin perjuicio de que en la parte operativa los programas seguirían siendo administrados desde la Corfo, a través de comités específicos diseñados para tal efecto. Indudablemente, esta forma práctica ideada para enfrentar la ambigüedad legal comentada, si bien no resuelve el problema de fondo que quedó pendiente, constituye un primer paso de gran trascendencia en el marco del nuevo diseño institucional. Pero la hora de la verdad se va a manifestar en la Ley de Presupuestos 2020. No se trata de la clásica disputa por más recursos para un sector específico, sino que de la construcción de bases para lograr un mejor uso de los recursos asignados a un ámbito específico. Si no se logra innovar en esta materia, el nuevo ministerio habrá perdido buena parte de su razón de ser, y las cosas básicamente seguirán como antes, si bien con un ropaje distinto.