Columna de Hernán Cheyre
El título de esta columna replica el término acuñado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) para referirse al criterio con el que se va a enfrentar el proceso de elaboración de la ley que va a enmarcar el gasto fiscal correspondiente al año 2021. La señal que está detrás de esta decisión es positiva y debería ser apoyada por todos los grupos políticos, por cuanto si no se aplica ahora una cirugía mayor al presupuesto público, el riesgo de que las finanzas públicas se desborden en los próximos años es elevado. El Gobierno está comprometiendo cuantiosos recursos fiscales para sustentar una agenda orientada a abordar las demandas sociales que han surgido con mayor fuerza a partir de los sucesos de octubre del año pasado, y es en este contexto que se aprobó una reforma tributaria para aumentar la recaudación anual, se están utilizando parte de los fondos soberanos acumulados (US$ 9.000 millones), y la deuda pública se estima va a crecer hasta llegar al 38% del PIB hacia 2024. Pero para que la tendencia de la deuda no siga al alza, poniendo en riesgo la solvencia fiscal de mediano y largo plazo, las propias proyecciones oficiales consideran que el espacio de aumento del gasto fiscal en los próximos años apenas va a superar el 1% anual, lo cual se ve difícil de cumplir en consideración a las inercias naturales que hay en esta materia, sobre todo en la antesala de un nuevo ciclo político.
Es por ello que la revisión de los criterios en base a los cuales se asignan las distintas partidas del presupuesto públicos es un tema que debe abordarse a la brevedad, y en ese sentido lo anunciado por el director de Presupuestos en cuanto a que habría US$ 21 mil millones de gasto que se van a someter a un proceso de revisión especial, es un buen primer paso. Este proceso debería incluir no solo los gastos de operación y soporte, sino que también esta es la instancia precisa para revisar una multiplicidad de programas que en forma inercial se vienen implementando desde hace largo tiempo, sin que haya habido hasta ahora una decisión política firme —que acarrea costos importantes— de cortar aquellos que ya no están cumpliendo con su objetivo inicial. Con todo, el problema que se debe abordar en esta materia trasciende el tema puramente presupuestario, y debe incluir una revisión de los distintos organismos estatales encargados de administrar los recursos públicos. Cuando el volumen total de gasto fiscal sobrepasa los US$ 70.000 millones, cabe preguntarse si el chasís institucional actual es o no el adecuado para realizar esta tarea. Hay indicios de sobra para señalar que la respuesta a esta pregunta es negativa. Llegó el momento de hincarle el diente a una reforma del Estado a fondo.
