Hernán Cheyre V.
Director CIES UDD
El Mercurio – Economía y Negocios
Lunes 06 de abril
La pandemia de coronavirus que azota al mundo está obligando al Gobierno a la adopción de medidas que son absolutamente atípicas para tiempos normales. El esfuerzo fiscal en marcha está movilizando un volumen significativo de recursos para proteger los ingresos de las familias así como los puestos de trabajo, y probablemente vendrán nuevas medidas en la misma dirección. Pero como los recursos son siempre escasos, la priorización es inevitable, y ello genera una comprensible frustración. La difícil realidad actual ha dado pie a propuestas que buscan mejorar las condiciones de acceso a ciertos bienes a través de un mecanismo indirecto, como lo sería la fijación de precios máximos a algunos productos.
El alza de precios que se ha observado en algunos casos está motivando iniciativas legales para establecer precios máximos en ciertos productos básicos. Aunque ello pueda parecer razonable, se trata de una mala idea. Lo que se enseña en los textos de estudio en cuanto a que las fijaciones de precios generan desabastecimiento e incentivan la aparición de ‘mercados negros’ –informales, por cierto, sin ningún tipo de control y sin pago del IVA–, en los cuales estos productos son comercializados a su verdadero precio de escasez, no es simple teoría. Los países que lo han aplicado han sufrido las consecuencias de ello, y Chile no ha sido una excepción, en un proceso paulatino que llegó a su punto culmine a comienzos de los 70, con lamentables resultados.
Nadie desea que los precios suban, pero son las señales de escasez las que inducen un aumento en la producción en respuesta a la mayor demanda. Las fijaciones de precios máximos se justifican en aquellos casos en que no es posible que haya competencia entre distintos actores, como es el caso de ciertos servicios básicos que operan como monopolios naturales, porque las escalas de operación no generan espacio para más de un operador. Siempre puede pensarse en algún caso excepcional para una medida de este tipo y en un plazo breve. Pero la puerta que se abre con una decisión de este tipo hace muy difícil poder cerrarla después.
Para que la población pueda recibir lo que está demandando en las mejores condiciones de precio posibles, lo fundamental es que los establecimientos logren ser abastecidos oportunamente con lo que la población necesita, en un marco de libertad de precios. Actuar contra esta ley económica básica podría terminar ocasionando efectos absolutamente opuestos a los que desea lograr, y los más afectados serían precisamente los sectores de menores ingresos, a quienes se desea beneficiar.
