Hernán Cheyre V.
Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES)
Diario El Mercurio
Viernes 19 de junio
Resulta doloroso informarse de empresas que, con motivo de la situación imperante, han debido cerrar sus operaciones, ya que a la pérdida financiera que ello significa para sus dueños y a los puestos de trabajo que se terminan, se suma en muchos casos historias de esfuerzo familiar que se ven truncadas. La pregunta natural que surge al conocer estos casos es si no había alguna otra opción para evitar desenlaces de este tipo, y la respuesta que tiende a prevalecer es la que señala que el Gobierno debería realizar mayores esfuerzos en el otorgamiento de garantías crediticias para permitir la continuidad operativa de estas empresas.
Los programas estatales que se han diseñado con este propósito, no cabe duda, admiten mejoramientos en distintos ámbitos, y en este sentido, el acuerdo suscrito la madrugada del domingo pasado incorpora elementos en esa dirección, modificando el monto del deducible para los bancos en caso de no pago del crédito y ampliando la cobertura de la garantía para las empresas de menor tamaño. Este perfeccionamiento constituye un avance, ciertamente, y también sería importante buscar fórmulas que permitan agilizar los procesos todo lo que sea posible. Pero lo que no se puede obviar al analizar este tema es que, a fin de cuentas, lo que hay detrás son operaciones crediticias que cada entidad financiera debe evaluar en su propio mérito, por cuanto no solo hay recursos públicos involucrados, sino que también capital privado y dineros de los depositantes que deben resguardarse. Es por ello que la responsabilidad de la decisión de otorgar o no el crédito recae, en último término, en la propia institución, y cada una tiene sus propios criterios, que se enmarcan en lo establecido por el organismo regulador. Si en opinión de la entidad financiera la empresa que está solicitando el préstamo va a estar en condiciones de pagarlo, ponderando el efecto de la garantía estatal, la operación en definitiva se va a cursar, y está en el interés de todos que ello sea así. Si la evaluación crediticia no es favorable, esa empresa no va a recibir el apoyo que solicita, y por doloroso que sea, se va a ver forzada a recurrir a alguna fórmula de reorganización.
Ante el nuevo escenario que se avecina, en el contexto de un país más pobre y con menores niveles de actividad económica, con necesidades que la población en algunos casos buscará resolver de manera diferente a lo que venía siendo la costumbre, es evidente que no todas las unidades productivas podrán seguir operando. Para ellas, más que nuevos créditos, lo que se va a necesitar son herramientas y facilidades para la reconversión.
