Hernán Cheyre
Director Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES)
Diario Financiero
10 de julio 2020

Difícilmente hay dos opiniones en cuanto a que la creación de empleos debe constituir el eje fundamental de las políticas de reactivación de cara a la paulatina normalización de la actividad económica que habrá de iniciarse próximamente.

Las abrumadoras estadísticas sobre desocupación, abandono temporal de la fuerza de trabajo y participación en los programas protección del empleo indican que, superada la fase más crítica de las restricciones y las cuarentenas, probablemente más de dos millones de personas saldrán a buscar un puesto de trabajo.

Para abordar el enorme desafío que esto significa, los programas de inversión pública que implemente el Gobierno están llamados a jugar un importante rol tanto en forma directa como a través de los empleos indirectos que se pueda generar, pero la magnitud del problema que se enfrenta—y por tanto, del desafío- va mucho más allá de ello.Lo fundamental va a ser, como tanta veces ya se ha dicho, crear las condiciones para que vuelva a desatarse la fuerza emprendedora en el país, en todos los ámbitos y con múltiples iniciativas de distintos calibres, Facilitar los permisos de operación, flexibilizar la carga regulatoría y estabalecer incentivos tributarios a la inversión en nuevos proyectos forma parte de la lista de temas donde ya existe bastante acuerdo.

Y en lo que respecta alos temas de empleo propiamente, el mecanismo del subsidio a la contratación y la capacitación con fines de reconversión integra también el listado de iniciativas planteadas.

Todo esto, en un contexto en que la forma de operar en varias industrias así como los modelos de negocio van a experimentar un cambio significativo.Lo que no se puede descuidar en este proceso es el impacto que iniciativas aún en trámite legislativo puede terminar acameando sobre los costos de contratación.

En el ámbito previsional, no hay que olvii dar que la reforma que se discute contem pla subir la tasa de cotización en 6%, con cargo al empleador, la mitad de lo cual va a ser directamente un mayor impuesto al trabajo.

Cualquiera sea la gradualidad que se establezca para alcanzar este aumento en la tasa global, no se puede desconocer el efecto desincentivador que ello vaa terminar teniendo en el empleo formal.Y aello habría que sumar el efecto de un cambio que se va a hacer sentir en forma inmediata, como lo es el aumento que se anticipa en el costo del seguro de invalidez y sobrevivencia, también de cargo del empleador.

Hasta el mes de junio, la tasa era de 1,53%, y los nuevos procesos de licitación que se están realizando permiten anticipar un aumento de 0,5% en el corto plazo y una cifra más elevada en los meses subsiguientes, como consecuencia de la nueva modalidad de cálculo y del mayor costo que está significando para las compañías de seguros la entrega del beneficio ofrecido a quienes se invaliden o den origen a pensiones de sobrevivencia en un contexto de menores tasas de interés.Todo esto sin olvidar el efecto negativo que tendría la iniciativa que rebaja a 40 horas la jornada laboral, proyecto cuya discusión está aún pendiente.

¿Está nuestro mercado del trabajo en condiciones de soportar los mayores costos de contratación que significa todo lo anterior? Ante el enorme desafío que se enfrenta en materia de creación de nuevos puestos de trabajo, definitivamente no.

Si los cambios no se calibran adecuadamente, la consecuencia va a ser una menor expansión del empleo y una creciente informalidad laboral, que es justo lo opuesto al objetivo perseguido.