Hernán Cheyre V.
Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES) U. del Desarrollo
25 de diciembre 2020
El Mercurio

La interrupción del normal desarrollo de las actividades económicas que se produjo como consecuencia de la pandemia obviamente impactó los flujos de pagos desde y hacia las empresas, lo cual afectó su liquidez y debilitó su posición financiera.

El Programa de garantías Covid-19, respaldado por el Fogape, fue diseñado con el propósito de garantizar créditos otorgados por el sistema financiero a empresas con necesidades de capital de trabajo, con ventas anuales de hasta 1 millón de UF, con una tasa de interés nominal de 3,5% —cercana a cero en términos reales— y con un plazo máximo de 48 meses.

Más allá de aspectos específicos de diseño, no cabe duda de que el programa ha cumplido en buena forma sus objetivos: 270 mil créditos, por un monto total aproximado de US$ 12.600 millones.

Hay quienes critican que no todas las empresas de menor tamaño han podido acceder a este beneficio, lo cual es cierto.

Pero no se debe olvidar que la garantía en cuestión es solo parcial, recayendo en las propias instituciones financieras buena parte del riesgo de estas operaciones.

Es por ello que las empresas que a ojos de la banca no se perciben viables en el mediano plazo, no son sujetas de crédito.

No cabe duda de que el problema económico y social que esto genera es enorme, pero para abordarlo lo procedente es recurrir a programas que faciliten su reconversión, y no mantenerlas conectadas a un respirador artificial que no va a resolver el problema de fondo.

Sin perjuicio de lo avanzado hasta la fecha, es un hecho cierto que a partir de octubre empezaron a vencer las primeras cuotas de los créditos suscritos con la garantía covid-19, y que el curso de la pandemia ha demorado una más rápida normalización de las actividades, con lo cual muchas empresas están afrontando nuevamente problemas de liquidez.

Si a esto se agrega que los desafíos que se enfrentan para la etapa de la reactivación son de naturaleza diferente, el Gobierno ha hecho bien en presentar un proyecto de ley para crear un nuevo programa de garantías con respaldo de Fogape, que vaya más allá del financiamiento de capital de trabajo, y que, entre otras cosas, flexibilice la tasa de interés de los créditos.

La tasa fija de 3,5% que se aplica para las operaciones con garantía covid-19 ha sido un apoyo importante para las empresas que accedieron al beneficio, pero esta rigidez impidió a muchas empresas de menor tamaño haber podido acceder a créditos, porque su perfil de riesgo es más alto.

Valdría la pena explorar también la posibilidad de adaptar el programa de garantías Fogain de Corfo para fortalecer el proceso de reactivación, para el cual una mayor inversión se torna imperiosa.