Hérnan Cheyre
Director CIES UDD
Diario El Mercurio
11 de marzo 2021

Favorables resultados ha entregado el último informe sobre el uso de la ley de incentivo tributario a proyectos de I+D.

Este cuerpo legal, que permite a las empresas utilizar como crédito tributario contra el impuesto de primera categoría el 35% de lo gastado en actividades de I+D certificadas por la Corfo —modificado el año 2012 para permitir que pudieran beneficiarse de este mecanismo no solo proyectos contratados a terceros, sino que también iniciativas realizadas al interior de las propias empresas—, ha tenido dispares resultados desde su reformulación: de los 16 proyectos que se certificaron con este propósito el año 2012, el número se multiplicó por seis hacia 2014, y alcanzó un máximo de 134 el 2016.

Sin embargo, en los períodos siguientes se produjo una disminución significativa, llegando a solo 58 las iniciativas certificadas el año 2019, similar a lo que se registró el 2013.

Y, sorpresivamente, el año recién pasado se produjo un giro significativo, prácticamente triplicándose el número de proyectos certificados (173), superando así la marca alcanzada el 2016, que había sido la más alta hasta la fecha, e igualando el volumen de recursos comprometidos.

A pesar del importante apoyo a las actividades de I+D que entrega este instrumento —al crédito tributario de 35% ya mencionado hay que agregar la posibilidad de imputar como gasto el 65% restante—, ha costado profundizar su utilización por parte de las empresas, siendo una de las causas el desconocimiento que sigue habiendo sobre la materia.

Desde esta perspectiva, la gestión realizada por la Corfo el año pasado amerita un reconocimiento, qué duda cabe.

Pero es necesario seguir avanzando en otros frentes también.

Uno de ellos debería ser el facilitar la utilización de este mecanismo por parte de nuevos emprendimientos, así como de empresas de menor tamaño en general.

El hecho de que los primeros no tengan utilidades, y por tanto no estén pagando el impuesto de primera categoría, los deja automáticamente fuera del sistema.

Para facilitarles el camino a las pymes, Corfo ha anunciado que se estudia eximirlas del pago del arancel exigido al momento de inscribir los proyectos a certificar, lo cual sería una buena medida, pero sin duda insuficiente.

Aunque su tramitación sea más larga, sería recomendable un nuevo perfeccionamiento a la ley para facilitar su uso por parte de las empresas de menor tamaño que no están generando utilidades, como lo sería, por ejemplo, la entrega de una especie de voucher que haga las veces de “crédito tributario anticipado”, a ser reembolsado en forma contingente a la generación de utilidades futuras.