Hernán Cheyre V.
Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) U. del Desarrollo
El Mercurio
13 de agosto 2021
Las buenas noticias que se van conociendo semana a semana en cuanto a startups que han logrado dar un paso más hacia su consolidación —lo que se sintetiza en una mayor valorización en el mercado— permiten ser optimistas en cuanto al potencial que existe en el país para incubar, acelerar y escalar a nivel global nuevos emprendimientos innovadores.
Persistir en esta senda va a ser fundamental para levantar nuevamente la proa en cuanto a productividad, la que se ha mantenido hundida durante ya largo tiempo.
En la medida en que avancemos por esta ruta habrá ganadores y perdedores —qué duda cabe—, pero en el neto se irá construyendo una economía capaz de generar un mayor valor agregado en su estructura productiva, creándose así nuevos empleos y con mejores remuneraciones, y los emprendedores que han impulsado estas iniciativas se verán beneficiados también como consecuencia de las utilidades que van a obtener, así como por el mayor valor de mercado que van a ir alcanzando las compañías que crearon.
Pero en la cadena que alimenta este círculo virtuoso hay un eslabón que juega un importante rol, pero que no está bien sincronizado con el resto del engranaje: la conexión entre las ayudas estatales otorgadas y la retribución que recibe el Estado por esto.
Con excepción de las líneas de financiamiento que la Corfo entrega para capital de riesgo bajo la figura de una operación crediticia, en el resto de los programas —como es el caso del capital semilla y de los proyectos de innovación, por ejemplo—, la lógica que prevalece es la de un subsidio.
Así han sido concebidos estos programas desde un inicio.
Es entendible que en un contexto de alto riesgo la opción de un crédito en el sistema financiero no sea viable para los nuevos emprendedores.
Sin embargo, la pregunta que cabe hacerse es si resulta justo que los emprendimientos y proyectos apoyados que terminan siendo exitosos no devuelvan el aporte que recibieron.
Es comprensible no exigir reembolso a las iniciativas que no funcionaron, por cuanto esa es una parte del riesgo que como sociedad se está asumiendo una vez que se decide apoyar iniciativas de este tipo.
Pero ese no es el caso cuando se ha tenido éxito.
Debería ser tarea del próximo gobierno buscar fórmulas para corregir esta situación, imprescindible para validar y legitimar ante la sociedad los aportes que la Corfo entrega a los emprendedores para ayudarlos a crear y escalar proyectos, haciendo uso de recursos que son de todos.
Transformar los subsidios en aportes reembolsables, bajo la figura de un crédito contingente (lo cual no es posible bajo la legislación vigente) es algo que haría mucho sentido, y el propio mundo del emprendimiento debería estar de acuerdo en avanzar por este camino.
