Muchos países, incluido Chile, contienen componentes verdes en sus programas fiscales de reactivación, en respuesta a la crisis covid-19.

Para enfrentar la catástrofe ambiental global –que incluye pero no se reduce al cambio climático (CC)– la humanidad enfrenta una ventana pequeña para cambiar radicalmente sus formas de producción y consumo. La buena noticia es que la evidencia explosiva de desastres “naturales” (en realidad, provocados por el hombre) está cambiando radicalmente las prioridades y acciones de gobiernos, empresas y personas. Parte de ello es la adopción del nuevo enfoque de finanzas sostenibles y verdes.

IPCC e IPBES son algunos de los paneles internacionales de científicos que analizan y documentan la catástrofe y sus consecuencias ambientales. Basadas en este conocimiento, las instituciones internacionales promueven acuerdos globales para hacer frente a la catástrofe. La ONU promueve que los países alcancen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo Chile el país que ha alcanzado el mayor cumplimiento de estos objetivos entre todos los países en desarrollo. La ONU votará propuestas para proteger la biodiversidad global en octubre de 2021. Este noviembre, la COP-26 buscará comprometer a los países a metas más ambiciosas en su combate al CC. Las instituciones financieras internacionales (FMI, BM, BID, CAF) han reenfocado su cartera de créditos e inversiones a proyectos ambientalmente sostenibles.

Los mercados de emisiones de carbono fueron creados por los gobiernos desde 1970 para reducir la contaminación atmosférica y, especialmente, la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) desde 1997. Estos mercados están basados en la fijación de emisiones máximas (decrecientes en el tiempo) de GEI para las empresas y los países emisores, permitiendo luego un comercio de las diferencias entre los máximos y las emisiones efectivas, entre empresas y países. Los que emiten más que los máximos deben comprar derechos de emisión y los que emiten menos los venden. Los dueños de bosques que incrementan la captura de CO2 pueden obtener créditos por su captura adicional. El valor total del comercio de emisiones de carbono alcanzó US$ 277.000 millones en 2020 (90% fue transado en la UE), a un precio de mercado de US$ 36 por tonelada de CO2 equivalente. Si este precio no aumenta exponencialmente en el futuro (hasta US$ 680/ton al 2050), será imposible llegar a la meta de emisión cero de GEI en 2050.

El Acuerdo de París llevó a los gobiernos y sus ministerios de Hacienda a comprometerse a acciones para enfrentar el CC. 62 países –incluido Chile– crearon la “Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática” en 2019, para alinear e impulsar políticas climáticas en el marco de la política fiscal. Se comprometieron a reorientar sus gastos hacia inversiones verdes y a considerar los riesgos climáticos en la planificación presupuestaria. Muchos gobiernos están emitiendo bonos soberanos verdes –a tasas inferiores a las de bonos no verdes– con el compromiso de gastar los recursos obtenidos en proyectos orientados a la sostenibilidad ambiental. Chile es país pionero en las Américas, emitiendo bonos verdes desde 2019. Muchos países, incluido Chile, contienen componentes verdes en sus programas fiscales de reactivación, en respuesta a la crisis covid-19.

Los principales bancos centrales y supervisores financieros crearon la Red de Bancos Centrales y Supervisores Financieros para Enverdecer el Sistema Financiero, que contribuye al análisis y a la supervisión de los riesgos ambientales en el sector financiero y fomenta el desarrollo de mercados de instrumentos financieros verdes. Además, se impulsa la información de aspectos ambientales, incluyendo la medición del capital natural de los países, que corresponde a la valoración monetaria de los servicios ecosistémicos que presta la naturaleza. De emprender este desafío, Chile podría convertirse en el primer país en adoptar el nuevo Sistema de Contabilidad Ambiental-Económica de la ONU.

Las empresas del mundo están adoptando estrategias de sostenibilidad, basadas en un enfoque ASG, cuyo objetivo es compatibilizar la búsqueda de beneficios con la sostenibilidad ambiental (A), social (S) y de gobernanza corporativa (G). Parte esencial de A es llegar a emisión cero de GEI. Además, las empresas están implementando estándares ambiciosos de medición e información sobre su cumplimiento ASG y el de sus proveedores. Así lo exigen sus accionistas, reguladores y stakeholders.

Los bancos comerciales están implementando estrategias de sostenibilidad ASG. En Chile los bancos líderes en sostenibilidad están adoptando voluntariamente estándares mundiales para gestionar y divulgar las oportunidades y los riesgos relacionados con el CC. En un breve plazo, los bancos alcanzarán metas de emisión neta cero de GEI en sus propias operaciones. Los créditos y las inversiones de la banca se están reorientando a actividades ambientalmente sostenibles y se están financiando crecientemente con emisiones de bonos verdes.

En resumen: el mundo debe actuar ahora mismo, para contener la catástrofe ambiental terminal. La adopción global de estrategias de financiamiento sostenible refleja una luz de esperanza.