Hernán Cheyre
Director CIES UDD
DF
13 de agosto 2021

“La forma en que el próximo Gobierno maneje el frente fiscal va a ser el condicionante fundamental del grado en que la economía pueda retomar una senda de crecimiento que permita generar en forma estable más empleos y de mejor calidad”.

Luego del fuerte crecimiento que va a experimentar la economía chilena este año, las perspectivas para los próximos períodos se perfilan bastante menos alentadoras. En parte, ello se explica por el ambiente de incertidumbre que va a seguir imperando durante algún tiempo, pero también por la caída que viene manifestando el crecimiento del PIB tendencial. Este último, de acuerdo con las proyecciones vigentes, hacia fines de la década se aproximaría a 1,8%, lo cual es sinónimo de un estancamiento en términos per cápita.

Para un país que tiene múltiples necesidades en las más diversas áreas, que debe recuperar con urgencia los 900 mil empleos perdidos en la pandemia aún no recuperados, y que adicionalmente necesita crear puestos de trabajo para quienes se vayan incorporando a la fuerza laboral, de darse el escenario anterior el grado de frustración va a ser muy superior al actual.

En este marco, es evidente que el desafío para el próximo gobierno va a ser colosal en todos los ámbitos, pero el manejo del tema fiscal va a condicionar todo lo demás. Luego de un aumento en el gasto público proyectado para 2021 de aproximadamente 30% -que va a conducir a un déficit efectivo superior al 7% del PIB y a un aumento de la deuda pública en torno al 35% del PIB-, si las presiones por mayor gasto público no logran ser controladas y no se retiran los apoyos que transitoriamente fueron aprobados para una situación de emergencia, el riesgo de descarrilamiento es elevadísimo, pudiendo la deuda superar el equivalente a 50% del PIB en corto tiempo, y en un espiral ascendente.

Una persistencia en continuar elevando el nivel de endeudamiento y haciendo uso de los fondos soberanos previamente ahorrados va a conducir inevitablemente a un deterioro en la clasificación de riesgo del país, lo cual vendría aparejado de un aumento en las tasas de interés, el cual haría sentir sus efectos negativos desde el costo de la deuda para las empresas que buscan financiamiento para sus proyectos, hasta el costo de los créditos hipotecarios que necesitan las personas para poder acceder a una vivienda propia, debiendo sumarse a ello un mayor costo en los créditos de consumo.

Si para efectos de morigerar el impacto en la deuda pública se optara por la vía de subir impuestos, inevitablemente ello le va a restar dinamismo a la actividad privada tanto desde el lado de la oferta como de la demanda, conspirando así también en contra de una más vigorosa recuperación del crecimiento y de la generación de empleos.

La forma en que el próximo Gobierno maneje el tema fiscal va a ser el condicionante fundamental del grado en que la economía pueda retomar una senda de crecimiento que permita generar en forma estable más empleos y de mejor calidad. Recuperar la credibilidad del ancla fiscal -hoy día por los suelos- va a ser un factor clave, pero ello va a requerir de un gran esfuerzo para volver a enrielar la trayectoria del gasto público por una senda que sea compatible con lo anterior.

Tarea muy difícil, considerando el ciclo político y las presiones por mayor gasto. De no haber un real compromiso en esta línea, que se manifieste en acciones concretas, las perspectivas se perfilan bastante oscuras. Y esto no es ideología ni campaña del terror; es pragmatismo puro. Los escépticos harían bien en mirar lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en buena parte de la región latinoamericana. No es eso lo que Chile necesita.