Por Hernán Cheyre, director CIES UDD | Viernes 10 septiembre | Diario Financiero

Aunque la mayoría de los economistas ha respaldado la forma en que el Banco Central está enfrentando el desequilibrio macroeconómico ya instalado en nuestra economía, hay voces críticas que estiman que en la reciente alza de tasa de interés el instituto emisor habría ‘sobrerreaccionado’, quitándole así grados de libertad al Ministerio de Hacienda para la elaboración del Presupuesto 2022. Esto -concluye el argumento-, hará más difícil ajustar el presupuesto, ya que ello introduciría efectos contractivos adicionales a lo ya dispuesto por el Central.

Planteado así el asunto, la idea que queda flotando es similar a la que surge ante la pregunta de qué es primero, si el huevo o la gallina. Pero esto no es así. De hecho, buena parte de lo logrado por el país en materia de estabilidad macroeconómica durante los últimos 30 años fue el resultado de una combinación entre autonomía del Banco Central y una política fiscal enmarcada en criterios de responsabilidad y consistencia de largo plazo.

En lo que respecta a la política monetaria, el éxito radicó en haber logrado ‘anclar’ la tasa de inflación en el rango de 2%-4% -haciéndola ‘creíble’ por el mercado-, y en lo concerniente a la política fiscal se debió al compromiso con metas específicas en materia de balance estructural (posteriormente rebautizado como balance cíclicamente ajustado), las cuales fueron cumplidas hasta mediados de la década pasada. En este contexto, el Banco Central siempre ha actuado tomando como referencia el escenario fiscal -presente y futuro- que se observa en cada momento, el cual se va alimentando de las decisiones que adopta el Gobierno en funciones, y a partir de ello calibra su política monetaria, manteniendo siempre el objetivo de lograr que la tasa de inflación se ubique en el rango comprometido en un horizonte de 24 meses.

Lo que está ocurriendo ahora es algo inédito en nuestra historia reciente, toda vez que el gasto fiscal adicional que ha surgido como consecuencia de los apoyos del Gobierno para paliar los efectos de la pandemia -que se suma a la liquidez inyectada en la economía a través de los retiros de ahorros previsionales-, se ha traducido en una pérdida del ‘ancla fiscal’, incubándose así presiones inflacionarias de origen interno que se suman a las que tienen un origen puramente foráneo.

Dado esto, no debería ser motivo de sorpresa que el Banco Central esté teniendo que actuar como factor de ajuste para evitar que la inflación -que ya está por encima del rango meta definido por el instituto emisor -se salga definitivamente de su cauce, perdiéndose así también el ‘ancla monetaria’. De darse esta combinación perversa, el cuadro de inestabilidad macroeconómica se asentaría con mayor fuerza, y salir de ahí sería mucho más costoso.

De cara al Presupuesto 2022 la situación ciertamente no se ve fácil, toda vez que la expansión fiscal este año probablemente va a superar el 30%, que se suma al 10,5% de aumento en 2020. Obviamente, lo que correspondería sería empezar a retirar el gasto adicional que se justificó como aumento transitorio durante la pandemia, y desde esta perspectiva lo razonable sería tomar como punto de referencia la ejecución presupuestaria del año 2019, introduciendo a partir de ahí los ajustes al alza que sean imprescindibles.

Lo que sí va a ser importante es estrechar la coordinación entre Agustinas 1180 y Teatinos 120, tal como está estipulado en la legislación que regula el funcionamiento del instituto emisor. Aquí no se trata de ‘uno contra el otro’, sino que de ‘uno con el otro’.