Por Hernán Cheyre | Director CIES | El Mercurio, martes 21 de septiembre 2021

Una nota periodística publicada por este diario acerca de la decisión que están tomando los Centros de Excelencia que fueron apoyados por Corfo a comienzos de la década pasada, en cuanto a retirarse del país por falta de financiamiento estatal, ha tenido amplia repercusión.

Nadie podría negar que se trata de una muy mala noticia, pero lo que se reclama en cuanto a falta de recursos públicos no debería ser motivo de sorpresa.

Este programa de atracción de Centros de Excelencia, aprobado durante la primera administración de la presidenta Bachelet y cuya implementación le correspondió al primer gobierno del Presidente Piñera –el cual consideró que se trataba de una iniciativa que ameritaba seguir adelante–, explícitamente señalaba en sus bases que el compromiso de apoyo financiero estatal era por un período de diez años, y contemplaba una escala de aportes decreciente en el tiempo, bajo la lógica de que en el transcurso de la década se iban a lograr consolidar alianzas con el sector productivo que les permitiría subsistir en el tiempo a aquellos proyectos más valorados.

Esas fueron las reglas del juego desde un principio, las que fueron conocidas y aceptadas por todos los centros que suscribieron los convenios respectivos con la Corfo.

Llegando a su término para los primeros centros el período de diez años contemplado en los contratos, hay una natural inquietud por su futuro.

Se ha hablado de la opción de que concursen por nuevos fondos públicos a través de los programas que administra la ANID (ex-Conicyt) –organismo que con la nueva institucionalidad sectorial pasó a hacerse cargo del programa previamente administrado por la Corfo–, pero, por lo que se ha podido conocer, en este proceso no habrían logrado adjudicarse fondos para sus proyectos.

Una de las explicaciones que se han dado es que por tratarse de fondos orientados esencialmente a financiar investigación básica en la práctica quedan fuera iniciativas como las que desarrollan los Centros de Excelencia, cuyo foco apunta a la vinculación entre ciencia básica y desarrollos tecnológicos orientados a resolver problemas del sector productivo, y que terminan siendo fundamentales para mejorar la competitividad de las empresas.

Teniendo en cuenta la importancia que reviste esta arista para el desarrollo del país, sería conveniente mantener concursos abiertos en los que nacionales y extranjeros puedan competir en igualdad de condiciones para acceder a fondos estatales.

Suele haber en esto una cierta reticencia de parte de las entidades nacionales – como la hubo cuando se puso en marcha el programa de Centros de Excelencia–, pero sería importante no interponer barreras artificiales que obstaculicen el proceso de mejoramiento en la productividad que Chile necesita imperiosamente.