Por Hernán Cheyre | Director CIES UDD | El Mercurio

El tipo de medidas de apoyo a las pymes consideradas en los programas de los candidatos presidenciales abarca un amplio espectro, que incluye mejorar el acceso a financiamiento, tratamientos tributarios especiales, programas de capacitación, digitalización, acceso a fondos para innovación, simplificación regulatoria y fortalecer los mecanismos para hacer exigible el pago a 30 días, entre otros.

Como es obvio, en función de la orientación política de los candidatos el foco se va colocando en uno u otro aspecto, observándose varias coincidencias, lo cual no debería sorprender, por cuanto en la visión común se comparten criterios de discriminación positiva a favor de las empresas de menor tamaño.

Por cierto, hay también diferencias, que en lo medular están relacionadas con el rol que debe desempeñar el Estado como promotor del emprendimiento. Más allá del juicio que cada uno pueda tener respecto de uno u otro enfoque, hay dos factores que es importante no perder de vista en el análisis.

El primero se refiere a que las pymes no son un compartimento estanco en la economía, sino que forman parte de un engranaje global que está estrechamente interconectado.

En este sentido, no solo es relevante preocuparse de medidas específicas que fortalezcan a las empresas de menor tamaño, sino que también se debe tomar en cuenta que su posición depende en grado importante del devenir de las empresas de mayor tamaño.

Las empresas grandes, que son menos del 2% del total de empresas activas, representan aproximadamente el 85% de las ventas totales, habiendo una gran proporción de mipymes que se desempeñan como proveedoras de ellas.

Por tanto, si las empresas de mayor tamaño ralentizan su crecimiento, ello va a arrastrar también a las empresas de menor tamaño.

En consecuencia, lo que se pueda ganar otorgando beneficios especiales a las pymes —por ejemplo, en el ámbito tributario— se pierde si las empresas de mayor tamaño se ven inducidas a postergar o desechar proyectos de inversión como consecuencia de medidas impositivas y regulatorias que los desincentiven.

Y el segundo factor está relacionado con el realismo: en un contexto de estrechez fiscal cualquier iniciativa que implique mayores recursos va a enfrentar crecientes dificultades.

Por tanto, lo que se debería privilegiar en una agenda propymes son las iniciativas de índole regulatoria que les hagan la vida más fácil a las pymes, y especialmente aquellas que les permitan competir de mejor forma con las empresas de mayor tamaño.