Por Hernán Cheyre, director del CIES UDD | Diario Financiero | Miércoles 09 de febrero, 2022

Sin perjuicio del inevitable ajuste de la economía chilena este y el próximo año, ello no se contrapone con la imperiosa necesidad de empezar a trabajar desde ya para salir del pantano y recuperar cuanto antes la capacidad de crecimiento de largo plazo. La trayectoria actual para el PIB tendencial, cuya tasa de expansión no supera el 2,5% como promedio anual en lo que resta de la década, es absolutamente insuficiente para avanzar en la solución de los problemas que ascienden a millones de chilenos. Y en esto no hay dos opiniones. Donde sí hay diferencias es en el diagnóstico acerca de la mejor manera de abordar este desafío.

El gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo tiene una postura clara sobre la materia, la cual se resume en la propuesta de que es necesario transitar hacia una nueva matriz productiva, de menor contenido “extractivista”, y con un mayor rol del Estado en la orientacion del proceso de desarrollo. La discusión que pone en disputa los conceptos de “Estado-emprendedor” o de “Estado-facilitador” es un debate latente, y en estas mismas líneas se han expuesto sus principales diferencias. Pero a la hora de implementar políticas públicas concretas para avanzar en una dirección que permita aumentar la productividad y generar mayores espacios para la innovación, la realidad va a imponer sus propias restricciones.

Plantear alternativas “no-extractivistas” de desarrollo, sin hacerse cargo de las ventajas comparativas evidentes que tiene el país en productos basados ​​en recursos naturales, y desconociendo que en esas exportaciones sí hay un importante componente de valor agregado -desde el cobre hasta las cerezas -, tropieza con la realidad, y significaría desaprovechar la opción de mejorar la productividad a partir de un mayor desarrollo de áreas relacionadas con estos mismos sectores.

Es por ello que iniciativas como avanzar en transformación digital o profundizar la reconversión laboral hacen pleno sentido, al margen de la etiqueta que se le coloque al marco conceptual que las ampara. De hecho, países que constituyen un referente en cuanto a desarrollo económico -Corea y Hong Kong, entre otros- y que siguieron caminos diferentes en cuanto al rol del Estado, tuvieron un denominador común: educación de calidad, buen nivel de calificación de la fuerza de trabajo, flexibilidad laboral y orientación exportadora.

La idea de transformar la matriz energética, así como la necesidad de lograr canalizar un mayor volumen de recursos hacia actividades de I+D -conceptos todos estos que forman parte del programa del Presidente electo-, también tienen cabida bajo la lógica de un “Estado-facilitador”. Y en lo que respecta a la selectividad sectorial, no habiendo evidencia empírica que permita calificar esta opción como superior a la neutralidad, ello no obsta a que puntualmente se abran ventanas de oportunidad en que sea aconsejable un impulso especial, como lo ha sido bajo el actual Gobierno la política de desarrollo para el hidrógeno verde. Y para esto no fue necesario ni cambiar el modelo ni crear un Banco Nacional del Desarrollo. Solo se requirió adaptar los instrumentos disponibles para un objetivo específico considerado prioritario, utilizando el chasis institucional actual, que, por cierto, es perfectible.

El intento de reinventar la rueda sería innecesario, costoso, y abriría espacios para que grupos crezcan con mayor poder de presión logren imponer agendas en su propio beneficio, lo cual sería altamente dañino si el objetivo es potenciar el crecimiento.