Por Hernán Cheyre, CIES UDD | Diario Financiero | Viernes 08 de abril, 2022
En su exposición ante la Comisión de Hacienda esta semana, el ministro Marcel volvió a insistir en los esfuerzos que están realizando el Banco Central y el Gobierno para dar batalla al flagelo inflacionario ya instalado. El proceso alcista en la tasa de interés en que está embarcado el instituto emisor tiene como objetivo evidente ‘enfriar’ la trayectoria del gasto agregado en la economía, lo cual obviamente genera costos en términos del ajuste que esto provoca en los niveles de actividad. A esto se suma el compromiso gubernamental de atenerse al presupuesto fiscal ya aprobado para el año 2022, a pesar de las presiones por un mayor gasto público que naturalmente se producen en circunstancias en que la economía se desacelera.
Y fue en este contexto en el que el ministro señaló que un nuevo retiro de fondos sería una bomba en medio de este proceso, puntualizando que ‘si hoy el principal problema que reclaman los chilenos es la inflación, ¿cómo vamos a tomar una medida que sabemos que va a presionar los precios?’ Tiene toda la razón Marcel en este punto: si a los US$ 50 mil millones que ya se han retirado de las cuentas individuales se agregara un nuevo retiro, este podría llegar a superar los US$ 12 mil millones, con lo cual la inyección de esta liquidez adicional en la economía podría ser letal para las pretensiones de ajustar la tasa de inflación.
Pero la bomba a que hizo referencia el ministro de Hacienda es en realidad una bomba de racimo, por cuanto son varias otras las que se gatillan con su lanzamiento.
De partida, si se considera, siguiendo la lógica de los retiros anteriores, que el monto mínimo a retirar para los que aún tengan saldo en su cuenta sería de 35 UF (aproximadamente $ 1 millón), entonces habría 3,1 millones de afiliados que podrían retirar la totalidad de sus fondos si se aprobara un nuevo 10%. Esto, sumado a los dos millones de personas que ya quedaron sin saldo como consecuencia de los retiros anteriores, totalizaría 5,1 millones de afiliados, es decir, aproximadamente el 45% del total de afiliados al sistema.
¿Qué pensión van a poder recibir en el futuro, si se quedaron sin ahorros? Solo la Pensión Garantizada Universal (PGU), cuyo monto para este año es de $ 185 mil, y que en el programa de gobierno de Gabriel Boric se contempla establecer en $ 250 mil.
A lo anterior habría que agregar que los antecedentes disponibles indican que de los 5,1 millones de personas que quedarían sin saldo en sus cuentas, el 53% correspondería a mujeres, que son precisamente quienes se encuentran en una situación previsional más precaria. Claramente, esta bomba es tan o más letal que la primera en cuanto a sus efectos sobre las personas de menores ingresos.
Una tercera bomba es la que se refiere al impacto que tendría un nuevo retiro sobre el mercado de capitales chileno. Siendo los fondos de pensiones y las compañías de seguros de vida actores fundamentales en este mercado, en la medida que se profundice la jibarización que ya se viene observando, la disponibilidad de recursos para financiamiento de personas y empresas va a seguir contrayéndose. Y esto va a afectar desde el legítimo sueño de la casa propia -menores plazos, mayores tasas, mayor dividendo- hasta el financiamiento de nuevos proyectos de inversión, aspecto fundamental para poder aumentar la tasa de crecimiento potencial de la economía.
Lo que está en juego en definitiva es la tasa de inflación, las pensiones de los chilenos, la inversión futura y la creación de nuevos empleos. Una verdadera bomba de racimo, que esperar no explosione.
