Por Hernán Cheyre, CIES UDD | Diario Financiero | Viernes 13 de mayo, 2022
En esta, la última semana en la que el pleno de la Convención Constitucional tendrá la oportunidad de pronunciarse acerca de contenidos que formarán parte del texto final que será propuesto a la ciudadanía para su aprobación o rechazo, lo concreto es que los aspectos medulares ya están definidos. En sus más de 445 artículos permanentes ya están planteados conceptos como el de Estado plurinacional; se ha definido un nuevo orden político; se propone un nuevo sistema de justicia y un nuevo orden económico que fortalece la participación del Estado en la economía, debilitándose conceptos que son fundamentales para el desarrollo de la actividad emprendedora en el país.
Como es natural cuando se enfrenta un proceso de discusión de un nuevo texto constitucional, el ambiente de incertidumbre que se genera provoca una ralentización de las inversiones, y son muchos los proyectos que entran en un compás de espera. Esto no debería sorprender. De hecho, una de las primeras declaraciones que realizó el ministro Marcel luego de haber sido designado a cargo de la cartera de Hacienda fue reconocer esta situación, pero agregó que la incerteza surgida de este proceso iba a ser algo eminentemente transitorio, por cuanto una vez culminada esta etapa la incertidumbre desaparecería, ya que lo que resulte aprobado se convertirá en un hecho cierto.
Lo que no consideró el ministro en su análisis es que si la incerteza actual se transforma en la certeza de un ambiente negativo para la inversión privada y para el emprendimiento -requisito fundamental para que la economía chilena pueda aumentar su potencial de crecimiento de mediano y largo plazo-, el efecto final puede terminar siendo peor. Esas frases iniciales de Mario Marcel avanzaron un paso más en la última semana, al señalar el ministro que a partir del texto ya aprobado por el pleno él no ve riesgos que pudieran impactar a la economía, por cuanto los principales conceptos que debían formar parte del texto ya fueron incorporados.
En la misma línea se pronunció en estos días el ministro de Economía, señalando que ‘el texto en términos económicos es bastante razonable’. Más allá del rol político que ambos desempeñan en el Gobierno y de la tarea que deben desplegar para contribuir a impulsar la inversión, es claro que desde una perspectiva empresarial la situación se percibe de una manera diferente. Si bien es cierto que la solución alcanzada en varias materias no llegó a los niveles extremos que inicialmente fueron propuestos por algunos convencionales, no se puede desconocer que en ciertos aspectos fundamentales hay un evidente retroceso respecto de la situación vigente.
En el caso del derecho de propiedad, por ejemplo, la noción de ‘precio justo’ que quedó establecida para casos de expropiación, aunque desde una perspectiva académica puede sonar bien, en la práctica queda abierta a soluciones que pueden constituir un serio perjuicio desde la perspectiva de la protección del valor económico de los bienes en cuestión. En lo que respecta al uso del agua, el cambio desde los actuales derechos a permisos administrativos temporales que serán resueltos en las instancias que defina la ley, sin duda va a tener un impacto significativo en muchas industrias, y desde luego en la agricultura. Los permisos medioambientales se van a constituir también en una barrera para el desarrollo de nuevos proyectos; y así, muchos otros casos podrían ser agregados a la lista.
¿Qué cabe esperar a estas alturas? No mucho más de lo que ya está arriba de la mesa. Será la ciudadanía la que deba pronunciarse, y en la etapa que viene la sociedad civil está llamada a jugar un rol fundamental para explicar el verdadero alcance de lo que está en juego.
‘Es cierto que la solución alcanzada en varias materias no llegó a los niveles extremos que inicialmente fueron propuestos por algunos convencionales constituyentes, pero en ciertos aspectos fundamentales hay un evidente retroceso respecto de la situación vigente’.
